El desacuerdo del autor de la queja con las bases de la convocatoria aprobada mediante Decreto de 19 de mayo de 2025 para la provisión de diversos puestos adscritos al servicio de instalaciones polideportivas durante la temporada de verano de 2025 en un Ayuntamiento de la provincia de León nos llevó a dictar resolución a esa entidad local para que, entre otras cuestiones, en futuras convocatorias de empleo temporal evite la introducción de criterios de preselección o participación que limiten el acceso de los aspirantes a una única oficina de empleo o a un ámbito territorial concreto, salvo que dicha restricción se encuentre debidamente justificada en razones objetivas, proporcionadas y directamente relacionadas con las funciones a desempeñar, garantizando en todo caso el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y para que cuando recurra a la colaboración de los servicios públicos de empleo para la preselección de candidatos, motive adecuadamente cualquier limitación del ámbito de búsqueda o derivación de aspirantes, de forma que quede acreditada su compatibilidad con los principios que rigen el acceso al empleo público.
La queja se refiere a la existencia de graves deficiencias en varios servicios públicos esenciales en una calle del municipio de Laguna de Duero ( Valladolid), donde, pese a tratarse de suelo urbano, las viviendas carecen de abastecimiento de agua potable en condiciones sanitarias adecuadas, de alcantarillado, de pavimentación y de alumbrado público, lo que afecta a la salubridad, seguridad y habitabilidad de los inmuebles. El Ayuntamiento sostiene que, al tratarse de suelo urbano consolidado, corresponde a los propietarios asumir las obras de urbanización necesarias, remitiéndose a sus deberes urbanísticos y al origen irregular de las edificaciones, y concluye que no procede atender las solicitudes planteadas. La Institución considera que esta posición no es conforme a Derecho, ya que la prestación de servicios básicos es obligatoria para los municipios y no puede quedar supeditada indefinidamente a la iniciativa privada. Destaca que el ámbito está reconocido como suelo urbano y se encuentra próximo a redes ya existentes, por lo que no existen impedimentos técnicos relevantes, y que la situación afecta directamente a la salud y seguridad de los residentes. En consecuencia, concluye que existe una inactividad municipal injustificada y formula resolución instando a adoptar medidas urgentes para garantizar condiciones mínimas de salubridad, impulsar la extensión de las redes de abastecimiento y saneamiento, asumir el liderazgo en la planificación y ejecución de las actuaciones, integrarlas en la programación municipal y proporcionar información clara y periódica a los vecinos.
La queja se refiere a la existencia de graves deficiencias en varios servicios públicos esenciales en una calle del municipio de Laguna de Duero ( Valladolid), donde, pese a tratarse de suelo urbano, las viviendas carecen de abastecimiento de agua potable en condiciones sanitarias adecuadas, de alcantarillado, de pavimentación y de alumbrado público, lo que afecta a la salubridad, seguridad y habitabilidad de los inmuebles. El Ayuntamiento sostiene que, al tratarse de suelo urbano consolidado, corresponde a los propietarios asumir las obras de urbanización necesarias, remitiéndose a sus deberes urbanísticos y al origen irregular de las edificaciones, y concluye que no procede atender las solicitudes planteadas. La Institución considera que esta posición no es conforme a Derecho, ya que la prestación de servicios básicos es obligatoria para los municipios y no puede quedar supeditada indefinidamente a la iniciativa privada. Destaca que el ámbito está reconocido como suelo urbano y se encuentra próximo a redes ya existentes, por lo que no existen impedimentos técnicos relevantes, y que la situación afecta directamente a la salud y seguridad de los residentes. En consecuencia, concluye que existe una inactividad municipal injustificada y formula resolución instando a adoptar medidas urgentes para garantizar condiciones mínimas de salubridad, impulsar la extensión de las redes de abastecimiento y saneamiento, asumir el liderazgo en la planificación y ejecución de las actuaciones, integrarlas en la programación municipal y proporcionar información clara y periódica a los vecinos.
En este expediente, tramitado de oficio, se abordó la necesidad de adaptar progresivamente los espacios urbanos de Castilla y León a los episodios de calor extremo, ante el aumento de olas de calor, noches tropicales y temperaturas sostenidas que afectan de forma creciente a la salud, el bienestar y la vida cotidiana de la población, especialmente de las personas mayores, menores, personas con discapacidad o dependencia y colectivos vulnerables. La Defensoría destacó que esta problemática adquiere especial relevancia en una Comunidad envejecida y con entornos urbanos diseñados conforme a condiciones climáticas distintas de las actuales. En nuestro análisis se subrayó que la adaptación frente al calor extremo no constituye una competencia nueva, sino una forma distinta de ejercer competencias municipales ya existentes en materia de medio ambiente urbano, parques y jardines, salubridad pública, movilidad, infraestructura viaria y gestión del espacio público, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 y la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León. Asimismo, recordó el deber de los poderes públicos de proteger la salud, la integridad física y el derecho a un medio ambiente adecuado (arts. 15, 43 y 45 de la Constitución), así como el derecho a la buena administración, a la salud y a un entorno vital saludable reconocido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Dando continuidad a la línea de trabajo mantenida en anteriores actuaciones sobre zonas verdes, arbolado urbano y planificación de podas, insistimos en que el arbolado y la infraestructura verde constituyen una auténtica infraestructura ambiental, social y sanitaria, esencial para reducir el efecto isla de calor, proporcionar sombra, mejorar la calidad ambiental y proteger la salud durante episodios térmicos intensos. Destacamos, igualmente, la importancia de garantizar espacios públicos inclusivos y utilizables durante episodios de altas temperaturas, advirtiendo que la ausencia de sombra, agua potable, zonas de descanso o itinerarios peatonales adecuados puede limitar gravemente el acceso efectivo al espacio público para una parte relevante de la ciudadanía. En este sentido, se hizo referencia a las orientaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Red Española de Ciudades por el Clima sobre refugios climáticos, entendidos no solo como edificios climatizados, sino como una red flexible de parques, centros cívicos, bibliotecas y otros espacios públicos destinados a proporcionar alivio térmico y seguridad. Se puso de relieve que algunas ciudades de Castilla y León, singularmente Valladolid, ya han comenzado a implantar redes de refugios climáticos y otras medidas de adaptación, lo que evidencia la viabilidad de este tipo de actuaciones, si bien se defendió un enfoque gradualista y adaptado a la realidad de cada municipio. Se señaló además la conveniencia de evitar desigualdades territoriales, promoviendo una distribución equilibrada de espacios frescos, itinerarios sombreados y recursos públicos accesibles en todos los barrios y zonas urbanas, especialmente allí donde resida población vulnerable.
Por ello, en la resolución formulada se recomendó a todos los municipios mayores de 20.000 habitantes de nuestra Comunidad que valoraran la incorporación progresiva de medidas de adaptación climática, favoreciendo redes de espacios de alivio térmico, itinerarios peatonales accesibles y sombreados hacia servicios esenciales, la mejora y señalización de fuentes de agua potable, la ampliación de espacios de estancia protegidos frente al calor, la protección y adecuada gestión del arbolado urbano, así como medidas específicas dirigidas a colectivos vulnerables durante episodios de temperaturas extremas, integrando de manera progresiva criterios de resiliencia climática, salud pública y equidad territorial en el diseño y gestión del espacio urbano.
En este expediente, tramitado de oficio, se abordó la necesidad de adaptar progresivamente los espacios urbanos de Castilla y León a los episodios de calor extremo, ante el aumento de olas de calor, noches tropicales y temperaturas sostenidas que afectan de forma creciente a la salud, el bienestar y la vida cotidiana de la población, especialmente de las personas mayores, menores, personas con discapacidad o dependencia y colectivos vulnerables. La Defensoría destacó que esta problemática adquiere especial relevancia en una Comunidad envejecida y con entornos urbanos diseñados conforme a condiciones climáticas distintas de las actuales. En nuestro análisis se subrayó que la adaptación frente al calor extremo no constituye una competencia nueva, sino una forma distinta de ejercer competencias municipales ya existentes en materia de medio ambiente urbano, parques y jardines, salubridad pública, movilidad, infraestructura viaria y gestión del espacio público, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 y la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León. Asimismo, recordó el deber de los poderes públicos de proteger la salud, la integridad física y el derecho a un medio ambiente adecuado (arts. 15, 43 y 45 de la Constitución), así como el derecho a la buena administración, a la salud y a un entorno vital saludable reconocido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Dando continuidad a la línea de trabajo mantenida en anteriores actuaciones sobre zonas verdes, arbolado urbano y planificación de podas, insistimos en que el arbolado y la infraestructura verde constituyen una auténtica infraestructura ambiental, social y sanitaria, esencial para reducir el efecto isla de calor, proporcionar sombra, mejorar la calidad ambiental y proteger la salud durante episodios térmicos intensos. Destacamos, igualmente, la importancia de garantizar espacios públicos inclusivos y utilizables durante episodios de altas temperaturas, advirtiendo que la ausencia de sombra, agua potable, zonas de descanso o itinerarios peatonales adecuados puede limitar gravemente el acceso efectivo al espacio público para una parte relevante de la ciudadanía. En este sentido, se hizo referencia a las orientaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Red Española de Ciudades por el Clima sobre refugios climáticos, entendidos no solo como edificios climatizados, sino como una red flexible de parques, centros cívicos, bibliotecas y otros espacios públicos destinados a proporcionar alivio térmico y seguridad. Se puso de relieve que algunas ciudades de Castilla y León, singularmente Valladolid, ya han comenzado a implantar redes de refugios climáticos y otras medidas de adaptación, lo que evidencia la viabilidad de este tipo de actuaciones, si bien se defendió un enfoque gradualista y adaptado a la realidad de cada municipio. Se señaló además la conveniencia de evitar desigualdades territoriales, promoviendo una distribución equilibrada de espacios frescos, itinerarios sombreados y recursos públicos accesibles en todos los barrios y zonas urbanas, especialmente allí donde resida población vulnerable.
Por ello, en la resolución formulada se recomendó a todos los municipios mayores de 20.000 habitantes de nuestra Comunidad que valoraran la incorporación progresiva de medidas de adaptación climática, favoreciendo redes de espacios de alivio térmico, itinerarios peatonales accesibles y sombreados hacia servicios esenciales, la mejora y señalización de fuentes de agua potable, la ampliación de espacios de estancia protegidos frente al calor, la protección y adecuada gestión del arbolado urbano, así como medidas específicas dirigidas a colectivos vulnerables durante episodios de temperaturas extremas, integrando de manera progresiva criterios de resiliencia climática, salud pública y equidad territorial en el diseño y gestión del espacio urbano.
En este expediente, tramitado de oficio, se abordó la necesidad de adaptar progresivamente los espacios urbanos de Castilla y León a los episodios de calor extremo, ante el aumento de olas de calor, noches tropicales y temperaturas sostenidas que afectan de forma creciente a la salud, el bienestar y la vida cotidiana de la población, especialmente de las personas mayores, menores, personas con discapacidad o dependencia y colectivos vulnerables. La Defensoría destacó que esta problemática adquiere especial relevancia en una Comunidad envejecida y con entornos urbanos diseñados conforme a condiciones climáticas distintas de las actuales. En nuestro análisis se subrayó que la adaptación frente al calor extremo no constituye una competencia nueva, sino una forma distinta de ejercer competencias municipales ya existentes en materia de medio ambiente urbano, parques y jardines, salubridad pública, movilidad, infraestructura viaria y gestión del espacio público, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 y la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León. Asimismo, recordó el deber de los poderes públicos de proteger la salud, la integridad física y el derecho a un medio ambiente adecuado (arts. 15, 43 y 45 de la Constitución), así como el derecho a la buena administración, a la salud y a un entorno vital saludable reconocido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Dando continuidad a la línea de trabajo mantenida en anteriores actuaciones sobre zonas verdes, arbolado urbano y planificación de podas, insistimos en que el arbolado y la infraestructura verde constituyen una auténtica infraestructura ambiental, social y sanitaria, esencial para reducir el efecto isla de calor, proporcionar sombra, mejorar la calidad ambiental y proteger la salud durante episodios térmicos intensos. Destacamos, igualmente, la importancia de garantizar espacios públicos inclusivos y utilizables durante episodios de altas temperaturas, advirtiendo que la ausencia de sombra, agua potable, zonas de descanso o itinerarios peatonales adecuados puede limitar gravemente el acceso efectivo al espacio público para una parte relevante de la ciudadanía. En este sentido, se hizo referencia a las orientaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Red Española de Ciudades por el Clima sobre refugios climáticos, entendidos no solo como edificios climatizados, sino como una red flexible de parques, centros cívicos, bibliotecas y otros espacios públicos destinados a proporcionar alivio térmico y seguridad. Se puso de relieve que algunas ciudades de Castilla y León, singularmente Valladolid, ya han comenzado a implantar redes de refugios climáticos y otras medidas de adaptación, lo que evidencia la viabilidad de este tipo de actuaciones, si bien se defendió un enfoque gradualista y adaptado a la realidad de cada municipio. Se señaló además la conveniencia de evitar desigualdades territoriales, promoviendo una distribución equilibrada de espacios frescos, itinerarios sombreados y recursos públicos accesibles en todos los barrios y zonas urbanas, especialmente allí donde resida población vulnerable.
Por ello, en la resolución formulada se recomendó a todos los municipios mayores de 20.000 habitantes de nuestra Comunidad que valoraran la incorporación progresiva de medidas de adaptación climática, favoreciendo redes de espacios de alivio térmico, itinerarios peatonales accesibles y sombreados hacia servicios esenciales, la mejora y señalización de fuentes de agua potable, la ampliación de espacios de estancia protegidos frente al calor, la protección y adecuada gestión del arbolado urbano, así como medidas específicas dirigidas a colectivos vulnerables durante episodios de temperaturas extremas, integrando de manera progresiva criterios de resiliencia climática, salud pública y equidad territorial en el diseño y gestión del espacio urbano.
