La falta de respuesta a un escrito en el que se solicitaba la incoación del procedimiento previsto en el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, regulador de los coeficientes reductores de la edad de jubilación por razón de la actividad para el personal funcionario que presta sus servicios en el Parque de Maquinaria de la Diputación Provincial de Zamora nos llevó a advertir a esa Diputación Provincial su deber legal de dar respuesta a las solicitudes que presenten los ciudadanos que no puede eludir basándose en una eventual derogación de la norma invocada por ellos; recordarle que si la solicitud procede de un representante sindical, debe actuar con especial diligencia, a fin de no obstaculizar el ejercicio del derecho de libertad sindical y requerirle para, que si no lo hubiera hecho ya, de respuesta a la solicitud que ha dado lugar a este expediente.
La queja se origina por la falta de funcionamiento de una farola en en un municipio de la provincia de Zamora, situación que, junto con la previa eliminación de otro punto de luz sin reposición en la misma vía pública, habría dejado el último tramo de la misma en condiciones de oscuridad e inseguridad. Pese a los avisos verbales y a la presentación de una solicitud formal de reparación, el Ayuntamiento no actuó ni respondió, ni tampoco facilitó información a esta Institución tras varios requerimientos. Se recuerda que el alumbrado público es un servicio municipal obligatorio cuya adecuada prestación resulta esencial para garantizar la seguridad y el uso normal del espacio público. La persistencia de la avería durante meses evidencia una prestación insuficiente del servicio que exige actuación inmediata. Asimismo, se subraya la obligación legal de la Administración de responder expresamente a las solicitudes presentadas por los ciudadanos. En consecuencia, en la resolución formulada se insta al Ayuntamiento a comprobar y reparar o sustituir el alumbrado en el tramo afectado, dar respuesta formal a la solicitud presentada y cumplir en adelante con su deber de colaboración en las investigaciones.
En este expediente se analizó la situación creada por el mal estado de conservación de un camino publico situado en la localidad de La Adrada (Ávila), que presenta numerosos baches y tramos intransitables, dificultando el acceso a viviendas que dependen de esta vía como único acceso. Pese a haberse solicitado reiteradamente su reparación, el Ayuntamiento no llevó a cabo actuaciones ni facilitó información durante la tramitación del expediente. Se recuerda que los caminos públicos forman parte del dominio público y su mantenimiento constituye una obligación municipal, especialmente cuando resultan esenciales para el acceso a viviendas o pueden desempeñar funciones relevantes en situaciones de emergencia. Asimismo, se pone de manifiesto la falta de respuesta a las solicitudes presentadas por los interesados. En consecuencia, se insta al Ayuntamiento a evaluar el estado del camino, incorporarlo a las actuaciones de mantenimiento priorizando los tramos más deteriorados, garantizar su seguridad y transitabilidad y dar respuesta expresa a las peticiones formuladas, tanto por los interesados como por esta Defensoría.
En este caso analizamos una queja la queja relativa a la falta o insuficiente prestación de servicios municipales básicos —mantenimiento de viales, alcantarillado y alumbrado público— en una urbanización situada en la localidad de La Adrada (Ávila). Los vecinos denuncian que deben asumir con recursos propios reparaciones en instalaciones esenciales que corresponderían al Ayuntamiento. El consistorio señala que la urbanización nunca fue formalmente recepcionada debido a importantes deficiencias urbanísticas de origen, como redes de abastecimiento y saneamiento situadas en parcelas privadas o un alumbrado insuficiente, lo que habría impedido jurídicamente la asunción plena de los servicios. No obstante, reconoce haber intervenido de forma puntual y colaborar actualmente con los residentes en un proceso de mejora progresiva de las infraestructuras, incluyendo la posible cofinanciación de actuaciones sobre viales públicos. La Defensoría recuerda que la prestación de servicios como el alumbrado, el saneamiento o la conservación de vías constituye una obligación municipal, especialmente en ámbitos residenciales consolidados, y que su cumplimiento no puede quedar indefinidamente supeditado a problemas urbanísticos heredados. En estos casos, corresponde al Ayuntamiento impulsar los instrumentos de gestión necesarios para garantizar la adecuada dotación de servicios y evitar situaciones de desigualdad entre vecinos. Por ello, se insta al Ayuntamiento a definir formalmente la situación jurídica y urbanística de la urbanización, clarificando la titularidad de sus infraestructuras y el marco para su regularización, asumir el liderazgo institucional del proceso, planificar las actuaciones necesarias para mejorar los servicios básicos y facilitar información adecuada a los propietarios, pudiendo recabar, si lo estima oportuno, apoyo técnico o financiero de otras administraciones para abordar estas actuaciones de forma ordenada.
La resolución trae causa de una queja por el mal estado de varias calles en una población situada en un municipio de la provincia de Ávila, donde se denunciaba la ausencia de pavimentación o su grave deterioro, la proliferación de maleza y la falta de limpieza y desbroce, hasta el punto de dificultar el acceso a determinadas viviendas. Pese a las reiteradas solicitudes de información, el Ayuntamiento no remitió respuesta, incumpliendo su deber legal de colaboración con el Procurador del Común, lo que ha motivado la inclusión de la entidad local en el Registro de Administraciones no colaboradoras. A la vista de la documentación gráfica aportada y ante la falta de contestación municipal, se dan por acreditadas las deficiencias denunciadas. Se recuerda que tanto la pavimentación de vías públicas como la limpieza viaria —incluido el desbroce— son servicios mínimos y obligatorios conforme a la legislación de régimen local, y que su prestación no es facultativa, sino exigible, debiendo garantizarse condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y accesibilidad. La resolución subraya que, aunque corresponde al Ayuntamiento fijar sus prioridades de inversión, debe actuar con diligencia para corregir carencias que afectan directamente a la vida cotidiana de los vecinos y pueden generar riesgos, incluso de incendio. Asimismo, se recuerda la posibilidad de acudir a mecanismos de cooperación provincial y ayudas públicas para financiar las obras necesarias. En consecuencia, se recomienda acometer con carácter prioritario la pavimentación completa de las calles afectadas, planificar de forma anticipada e integral las labores de limpieza y desbroce en la localidad y cumplir en adelante con la obligación legal de colaborar con el Procurador del Común en sus investigaciones.
El motivo de la queja era la demora observada en la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de una persona que sufrió una caída en una calle de la localidad, atribuida al mal estado del pavimento. Como documentación complementaria se enviaron las comunicaciones del Ayuntamiento recibidas por la interesada.
El Ayuntamiento no nos proporcionó información sobre el estado del procedimiento y de la documentación aportada por la persona reclamante se dedujo que había sobrepasado ampliamente el plazo máximo de duración de seis meses.
El Procurador del Común destacó en su Resolución que el Ayuntamiento debía resolver expresamente la petición de la interesada y, en lo sucesivo, ajustar la duración de los procedimientos de responsabilidad patrimonial al plazo de seis meses previsto en el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
