Durante las últimas semanas Castilla y León se ha enfrentado a episodios meteorológicos excepcionales, con una anómala sucesión de borrascas que han provocado precipitaciones persistentes, fuertes vientos, nevadas y temperaturas extremas. Sus principales efectos están teniendo una incidencia muy negativa en las infraestructuras viarias, afectando de forma significativa al estado de conservación de las carreteras provocando la degradación del firme, la aparición de baches, grietas, hundimiento, levantamiento del asfalto y daños en los sistemas de drenaje, u otras deficiencias que dificultan notablemente la circulación de vehículos por las mismas y que, incluso, pueden comprometer la seguridad vial y poner en riesgo a quienes las transitan.
En dicho contexto, esta Procuraduría del Común promovió el presente expediente iniciado de oficio, dirigiendo una Resolución a todas las Diputaciones provinciales de nuestra Comunidad, en el ámbito de sus competencias en materia de carreteras e infraestructuras, con el objetivo último de garantizar la seguridad vial de la población, incidiendo en la necesidad de que sea verificado una vez estabilizado el tiempo, pero cuanto antes, el estado de la la Red de Carreteras Provinciales, y, a la vista de las deficiencias existentes, proceder a la adopción de las medidas necesarias de restauración y mejora, asegurando con ello el cumplimiento de las condiciones legales exigidas para permitir el tráfico rodado y garantizar la seguridad y funcionalidad de las carreteras cuyo itinerario se comprenda íntegramente en el territorio de cada provincia.
En definitiva, esta Defensoría consideró que era pertinente abordar la problemática referida, destacando el factor de riesgo que suponía el mal estado de las infraestructuras viarias de nuestra Comunidad después de las lluvias intensas de las últimas semanas, siendo necesario actuar con la inmediatez y diligencia ante la situación advertida, con objeto de diagnosticar los daños que había sufrido la red provincial de carreteras y establecer un plan que abordara la solución integral del problema suscitado, para su ejecución con la mayor celeridad posible.
Durante las últimas semanas Castilla y León se ha enfrentado a episodios meteorológicos excepcionales, con una anómala sucesión de borrascas que han provocado precipitaciones persistentes, fuertes vientos, nevadas y temperaturas extremas. Sus principales efectos están teniendo una incidencia muy negativa en las infraestructuras viarias, afectando de forma significativa al estado de conservación de las carreteras provocando la degradación del firme, la aparición de baches, grietas, hundimiento, levantamiento del asfalto y daños en los sistemas de drenaje, u otras deficiencias que dificultan notablemente la circulación de vehículos por las mismas y que, incluso, pueden comprometer la seguridad vial y poner en riesgo a quienes las transitan.
En dicho contexto, esta Procuraduría del Común promovió el presente expediente iniciado de oficio, dirigiendo una Resolución a todas las Diputaciones provinciales de nuestra Comunidad, en el ámbito de sus competencias en materia de carreteras e infraestructuras, con el objetivo último de garantizar la seguridad vial de la población, incidiendo en la necesidad de que sea verificado una vez estabilizado el tiempo, pero cuanto antes, el estado de la la Red de Carreteras Provinciales, y, a la vista de las deficiencias existentes, proceder a la adopción de las medidas necesarias de restauración y mejora, asegurando con ello el cumplimiento de las condiciones legales exigidas para permitir el tráfico rodado y garantizar la seguridad y funcionalidad de las carreteras cuyo itinerario se comprenda íntegramente en el territorio de cada provincia.
En definitiva, esta Defensoría consideró que era pertinente abordar la problemática referida, destacando el factor de riesgo que suponía el mal estado de las infraestructuras viarias de nuestra Comunidad después de las lluvias intensas de las últimas semanas, siendo necesario actuar con la inmediatez y diligencia ante la situación advertida, con objeto de diagnosticar los daños que había sufrido la red provincial de carreteras y establecer un plan que abordara la solución integral del problema suscitado, para su ejecución con la mayor celeridad posible.
La disconformidad con la organización del mercadillo semanal que se celebra los miércoles en un pueblo de la provincia de León nos llevó a dirigirnos a su Ayuntamiento para, entre otras cuestiones requerirle para que, si no lo hubiera hecho ya, dé respuesta a las quejas relativas al funcionamiento del mercadillo que se celebra todos los miércoles en su término municipal; instarle a revisar la organización y el funcionamiento del mencionado mercado semanal, valorando las medidas organizativas que permitan garantizar de forma efectiva la accesibilidad a viviendas, garajes, equipamientos públicos existentes en la plaza y al propio establecimiento comercial, así como una adecuada ordenación de los puestos y de los vehículos asociados a dicha actividad. Asimismo, deberá plantearse, si fuera necesario, la reducción del número de puestos o la ampliación del espacio destinado al mercado y evaluar la aprobación de una ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante que contemple medidas como las descritas u otras que se consideren necesarias para garantizar una organización moderna y adecuada del mercado.
Se denunció ante esta Procuraduría la inactividad administrativa ante las peticiones de mejora y acondicionamiento en el tramo urbano del cauce de un canal a su paso por el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo. Tras analizar la documentación remitida por las administraciones públicas en la que se acreditaron las discrepancias para ejecutar esta intervención, se formuló una Resolución dirigida al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para que, como administración competente en materia de urbanismo, ejecutara estas intervenciones conforme a lo recogido en la Jurisprudencia (SSTS de 10 de junio de 2014 y 13 de diciembre de 2017), presentando a tal efecto una declaración responsable ante la Confederación Hidrográfica del Duero, con el fin de llevar a cabo la limpieza y recogida de la maleza existente evitando así los posibles riesgos que pudieran existir para la seguridad de las personas y bienes en caso de episodios de fuertes lluvias.
La actuación de oficio se inicia a raíz de los episodios recientes de lluvias intensas en distintos municipios de Castilla y León, que han evidenciado deficiencias en los sistemas municipales de alcantarillado y drenaje urbano. Estas precipitaciones han provocado acumulaciones de agua en calzadas y aceras, formación de balsas persistentes, entrada de agua en inmuebles y dificultades de acceso a barrios e infraestructuras esenciales, afectando a la seguridad, la movilidad y la accesibilidad, con especial incidencia en personas vulnerables. La Institución recuerda que la recogida y evacuación de aguas pluviales es una competencia y un deber municipal, conforme a los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 y a la normativa sectorial aplicable. Este deber no se limita a la mera existencia de las infraestructuras, sino que exige garantizar su adecuado funcionamiento y su capacidad real de evacuación, tanto en condiciones ordinarias como ante fenómenos meteorológicos intensos, cada vez más frecuentes. Se señala que los recientes temporales han puesto de manifiesto carencias estructurales o deficiencias de mantenimiento en determinados puntos de la red, algunas ya detectadas en episodios anteriores y no corregidas. La insuficiente evacuación de aguas pluviales puede generar riesgos para la seguridad, dañar propiedades privadas e interrumpir el acceso a servicios esenciales, además de acelerar el deterioro del viario urbano. En este contexto, se insta a los ayuntamientos a realizar una evaluación técnica del estado y capacidad de las redes de drenaje, con especial atención a los puntos conflictivos; a reforzar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo (limpieza de imbornales y colectores, revisión de elementos de la red); y, en su caso, a planificar actuaciones de mejora estructural, como el aumento de la capacidad hidráulica, la corrección de pendientes, la instalación de sistemas de alivio o bombeo, o la implantación de soluciones de drenaje urbano sostenible (pavimentos permeables, sistemas de retención o laminación). Finalmente, se recomienda establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan comprobar la eficacia de las medidas adoptadas y mejorar la capacidad de respuesta ante futuros episodios de lluvia intensa, avanzando hacia una gestión planificada, preventiva y orientada a la resiliencia urbana.
La actuación de oficio se inicia a raíz de los episodios recientes de lluvias intensas en distintos municipios de Castilla y León, que han evidenciado deficiencias en los sistemas municipales de alcantarillado y drenaje urbano. Estas precipitaciones han provocado acumulaciones de agua en calzadas y aceras, formación de balsas persistentes, entrada de agua en inmuebles y dificultades de acceso a barrios e infraestructuras esenciales, afectando a la seguridad, la movilidad y la accesibilidad, con especial incidencia en personas vulnerables. La Institución recuerda que la recogida y evacuación de aguas pluviales es una competencia y un deber municipal, conforme a los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 y a la normativa sectorial aplicable. Este deber no se limita a la mera existencia de las infraestructuras, sino que exige garantizar su adecuado funcionamiento y su capacidad real de evacuación, tanto en condiciones ordinarias como ante fenómenos meteorológicos intensos, cada vez más frecuentes. Se señala que los recientes temporales han puesto de manifiesto carencias estructurales o deficiencias de mantenimiento en determinados puntos de la red, algunas ya detectadas en episodios anteriores y no corregidas. La insuficiente evacuación de aguas pluviales puede generar riesgos para la seguridad, dañar propiedades privadas e interrumpir el acceso a servicios esenciales, además de acelerar el deterioro del viario urbano. En este contexto, se insta a los ayuntamientos a realizar una evaluación técnica del estado y capacidad de las redes de drenaje, con especial atención a los puntos conflictivos; a reforzar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo (limpieza de imbornales y colectores, revisión de elementos de la red); y, en su caso, a planificar actuaciones de mejora estructural, como el aumento de la capacidad hidráulica, la corrección de pendientes, la instalación de sistemas de alivio o bombeo, o la implantación de soluciones de drenaje urbano sostenible (pavimentos permeables, sistemas de retención o laminación). Finalmente, se recomienda establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan comprobar la eficacia de las medidas adoptadas y mejorar la capacidad de respuesta ante futuros episodios de lluvia intensa, avanzando hacia una gestión planificada, preventiva y orientada a la resiliencia urbana.
