En este expediente, tramitado de oficio, se abordó la necesidad de adaptar progresivamente los espacios urbanos de Castilla y León a los episodios de calor extremo, ante el aumento de olas de calor, noches tropicales y temperaturas sostenidas que afectan de forma creciente a la salud, el bienestar y la vida cotidiana de la población, especialmente de las personas mayores, menores, personas con discapacidad o dependencia y colectivos vulnerables. La Defensoría destacó que esta problemática adquiere especial relevancia en una Comunidad envejecida y con entornos urbanos diseñados conforme a condiciones climáticas distintas de las actuales. En nuestro análisis se subrayó que la adaptación frente al calor extremo no constituye una competencia nueva, sino una forma distinta de ejercer competencias municipales ya existentes en materia de medio ambiente urbano, parques y jardines, salubridad pública, movilidad, infraestructura viaria y gestión del espacio público, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 y la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León. Asimismo, recordó el deber de los poderes públicos de proteger la salud, la integridad física y el derecho a un medio ambiente adecuado (arts. 15, 43 y 45 de la Constitución), así como el derecho a la buena administración, a la salud y a un entorno vital saludable reconocido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Dando continuidad a la línea de trabajo mantenida en anteriores actuaciones sobre zonas verdes, arbolado urbano y planificación de podas, insistimos en que el arbolado y la infraestructura verde constituyen una auténtica infraestructura ambiental, social y sanitaria, esencial para reducir el efecto isla de calor, proporcionar sombra, mejorar la calidad ambiental y proteger la salud durante episodios térmicos intensos. Destacamos, igualmente, la importancia de garantizar espacios públicos inclusivos y utilizables durante episodios de altas temperaturas, advirtiendo que la ausencia de sombra, agua potable, zonas de descanso o itinerarios peatonales adecuados puede limitar gravemente el acceso efectivo al espacio público para una parte relevante de la ciudadanía. En este sentido, se hizo referencia a las orientaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Red Española de Ciudades por el Clima sobre refugios climáticos, entendidos no solo como edificios climatizados, sino como una red flexible de parques, centros cívicos, bibliotecas y otros espacios públicos destinados a proporcionar alivio térmico y seguridad. Se puso de relieve que algunas ciudades de Castilla y León, singularmente Valladolid, ya han comenzado a implantar redes de refugios climáticos y otras medidas de adaptación, lo que evidencia la viabilidad de este tipo de actuaciones, si bien se defendió un enfoque gradualista y adaptado a la realidad de cada municipio. Se señaló además la conveniencia de evitar desigualdades territoriales, promoviendo una distribución equilibrada de espacios frescos, itinerarios sombreados y recursos públicos accesibles en todos los barrios y zonas urbanas, especialmente allí donde resida población vulnerable.
Por ello, en la resolución formulada se recomendó a todos los municipios mayores de 20.000 habitantes de nuestra Comunidad que valoraran la incorporación progresiva de medidas de adaptación climática, favoreciendo redes de espacios de alivio térmico, itinerarios peatonales accesibles y sombreados hacia servicios esenciales, la mejora y señalización de fuentes de agua potable, la ampliación de espacios de estancia protegidos frente al calor, la protección y adecuada gestión del arbolado urbano, así como medidas específicas dirigidas a colectivos vulnerables durante episodios de temperaturas extremas, integrando de manera progresiva criterios de resiliencia climática, salud pública y equidad territorial en el diseño y gestión del espacio urbano.
Una persona denunció un error en las actas de dos sesiones de una Junta Vecinal en las que el Secretario hizo constar que una vocal había estado presente y votado a favor de los acuerdos, cuando no había podido asistir porque no había sido convocada. Al aprobar esas actas en la sesión siguiente, la vocal puso de manifiesto el error, sin embargo no fue rectificado.
El informe de la Junta Vecinal expuso que las actas de las sesiones se habían redactado siguiendo los modelos de las anteriores que reflejaban acuerdos sobre cuestiones similares.
El Procurador del Común destacó el carácter de documento público del acta, cuya redacción corresponde al Secretario que ejerce una función de fe pública. Por eso, si la vocal no había asistido a las sesiones, no debería figurar entre los asistentes ni, consecuentemente, habría podido expresar su voto, debiendo el Secretario extender diligencia para rectificar esos errores.
Cuando el presupuesto general se presenta ante el órgano competente para su aprobación ha de estar nivelado, lo cual significa que el total de ingresos previstos debe cubrir el coste de todos los gastos que van a ejecutarse en el ejercicio presupuestario. En el caso del presupuesto de una Entidad local menor para el año 2024 se cuestionaba que se hubiera cumplido ese principio cuando fue aprobado inicialmente por la Junta Vecinal.
La Junta Vecinal informó a la Defensoría que el presupuesto había sido elaborado con la asistencia de la Diputación Provincial y remitió los documentos que lo integraban, que revelaron que se había aprobado con superávit. El informe económico financiero anexo reflejaba el cumplimiento de ese principio y del objetivo de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, la memoria explicativa no contenía las razones que hubieran determinado las variaciones en las previsiones de ingresos y gastos con respecto al ejercicio anterior.
Por otro lado, el Presidente no había cumplido los plazos previstos para formar el presupuesto y someterlo a su aprobación por la Junta Vecinal, lo que había dado lugar a que su entrada en vigor se produjera en los últimos días del año 2024, en el que iba a regir.
La Resolución del Procurador del Común recordó al Presidente de la Entidad el deber legal de formar el proyecto de presupuesto y remitirlo a la Junta Vecinal para su aprobación inicial, enmienda o devolución, antes del 15 de octubre del año anterior a aquel en el que va a regir, acompañado de los documentos especificados en el artículo 168.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Asimismo le recordó el deber de justificar en la memoria explicativa que debe acompañar al presupuesto general las modificaciones que presente en relación con el vigente en ese momento.
Nos interesamos ante un Ayuntamiento de la provincia de Zamora por el estado de una calle en una localidad del municipio, después de recibir la queja de una persona que lamentaba la inactividad de la Corporación local para completar la pavimentación y asegurar la limpieza viaria de la calle, e incluso para solventar los problemas generados por la acumulación de basura, la existencia de un muro semiderruido y de un depósito de leña en una parcela de la misma calle, los cuales podían suponer un riesgo para la seguridad pública.
El Ayuntamiento nos informó que la pavimentación de la entrada de la calle se había realizado hacía más de un año, pero la persona reclamante insistía en que no se había pavimentado un espacio que formaba parte del vial y que el Ayuntamiento debía intervenir para solucionar también los demás problemas descritos.
El Procurador del Común resolvió que el Ayuntamiento debía adoptar las medidas necesarias para proceder a la adecuada pavimentación de la calle y a intensificar las labores de limpieza de la vía. En ejercicio de la competencia municipal en materia de urbanismo, debía garantizar el cumplimiento del deber de los propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles de conservarlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, extremando las medidas de vigilancia e inspección de las vías públicas con el fin de asegurar ese cumplimiento, dictando las órdenes de ejecución que fueran precisas.
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento había aprobado una Ordenanza reguladora de la limpieza de terrenos y solares en suelo urbano, urbanizable y rústico, se aconsejó extremar la vigilancia y control de las exigencias establecidas en ella, para que todos los ciudadanos pudieran disfrutar de un entorno limpio, libre de residuos y seguro.
Un vecino solicitó a un Ayuntamiento de la provincia de Palencia información sobre la instalación de cámaras de vigilancia en la pista de pádel municipal —motivos, coste y documentación— y no obtuvo respuesta alguna en el plazo legalmente establecido. Tras la intervención del Procurador del Común, el Ayuntamiento remitió un informe que, sin embargo, no se correspondía con lo pedido, pues se refería a cámaras ubicadas en un punto limpio y no en la instalación deportiva. La Defensoría consideró que esa contestación tardía e imprecisa no podía sustituir a la respuesta que el ciudadano tenía derecho a recibir en tiempo y forma, y que la inactividad municipal reflejaba una deficiente organización en el seguimiento de los escritos presentados. En consecuencia, se recomendó al Ayuntamiento que adoptara las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del deber de responder a los ciudadanos en plazo, y que diera al reclamante una contestación expresa y motivada sobre el asunto concreto que había planteado.
Un ciudadano se quejó de que en la carretera autonómica CL-610, en el kilómetro 6+260, había dos paradas de autobús urbano sin paso de peatones ni semáforos que permitieran cruzar la calzada con seguridad. En este supuesto, el Ayuntamiento de Valladolid había trasladado toda la responsabilidad a la Junta de Castilla y León, por ser la titular de la carretera.
Esta Defensoría consideró que el Ayuntamiento no podía desentenderse del asunto, porque las paradas afectadas pertenecían al servicio de autobús municipal gestionado por AUVASA, y era precisamente la explotación de ese servicio la que generaba el flujo de peatones que cruzaban la carretera sin protección alguna. Por ello, se le recomendó que solicitara formalmente a la Consejería autonómica la evaluación técnica del punto y, en su caso, la instalación de los elementos de seguridad; que aportara los datos de uso de las paradas para justificar la necesidad de intervención, que explorara la posibilidad de participar en la financiación de las obras mediante un convenio, y que en ningún caso podía escudarse en la titularidad autonómica de la carretera para justificar su inacción.
