Esta actuación de oficio fue iniciada para examinar posibles deficiencias en el servicio de extinción de incendios y salvamento en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Zamora. En el informe que nos remitió la Diputación de Zamora , nos indicó que la competencia se ejerce a través del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, que gestiona una red de parques comarcales con distinto nivel operativo. El servicio se presta con personal funcionario en los parques de Bermillo de Sayago y Rionegro del Puente, ambos con presencia permanente, y mediante convenios con los ayuntamientos de Benavente y Toro y la Mancomunidad Tierras de Aliste (San Vitero), estos últimos atendidos parcialmente por personal voluntario. También está en fase de dotación un nuevo parque provincial en Zamora capital. Esta Defensoría, en su análisis, valora positivamente los avances logrados por la Diputación, especialmente la profesionalización de los parques y la inversión sostenida en equipamiento, vehículos y formación. Destaca el esfuerzo por estructurar un sistema eficaz en una provincia con gran dispersión territorial y baja densidad poblacional. Sin embargo, señala que aún existen áreas con dificultades de cobertura —como el cuadrante noroeste, que incluye Lubián, Hermisende, Pías y Porto— donde los tiempos de respuesta pueden verse afectados por la distancia y la orografía. También recordamos que, conforme a la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León y al Estatuto Básico del Empleado Público, los servicios de extinción de incendios deben ser prestados por personal profesional funcionario, quedando el voluntariado limitado a tareas auxiliares bajo supervisión técnica. Por ello, en la resolución formulada se recomienda continuar la profesionalización del servicio, culminando la integración del parque de San Vitero en la estructura del Consorcio y reduciendo la dependencia del personal voluntario, así como reforzar los medios materiales y la cooperación con provincias limítrofes para garantizar una cobertura homogénea y tiempos de respuesta adecuados en todo el territorio provincial.
Esta actuación de oficio tenía como objetivo examinar posibles deficiencias en la organización, dotación y medios del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento que la Diputación Provincial de Burgos presta en los municipios de menos de 20.000 habitantes. A pesar de haberse solicitado información en tres ocasiones —en julio, septiembre y octubre de 2023—, la Diputación no respondió dentro del plazo establecido, incumpliendo así su obligación legal de colaborar con esta Institución, tal como establecen los artículos 3.1 y 16 de la Ley 2/1994 del Procurador del Común. Como consecuencia, se acordó mantener a la Diputación de Burgos inscrita en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras. No obstante, parte de la información requerida pudo recabarse a través del expediente 331/2024, tramitado a instancia de parte, en el que la Diputación sí remitió un informe sobre el servicio de extinción de incendios provincial. Dado que ambos expedientes abordaban el mismo asunto, se reproduce en esta resolución las recomendaciones formuladas en el expediente 331/2024, que instan a la Diputación a profesionalizar el servicio de extinción de incendios, reforzar su estructura operativa y mejorar la cobertura en todo el territorio. Asimismo, se recuerda a la Entidad provincial su obligación de colaborar con la Institución en todas las investigaciones futuras, atendiendo en tiempo y forma las solicitudes de información que se le formulen, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de las funciones de supervisión y control que la ley atribuye al Procurador del Común.
En este expediente analizamos una queja vecinal presentada por el mal estado de una plaza y zona ajardinada situada entre dos calles de Burgos, calificada como espacio privado de uso público. Los vecinos denunciaban que la limpieza, mantenimiento y alumbrado se realizaba a su costa y reclamaban la intervención del Ayuntamiento, alegando que el uso intensivo de la zona hacía inasumible su conservación por las comunidades de propietarios implicadas. El Ayuntamiento respondió que la parcela es de titularidad privada, gravada con servidumbre de uso público, y que, según el Plan General de Ordenación Urbana y la Ordenanza de Limpieza, corresponde a los propietarios asumir los gastos de conservación, al no existir convenio que atribuya estas tareas al Consistorio. El Procurador del Común, tras analizar la información, recuerda que aunque estos espacios sean de dominio privado, su uso público y continuo impone al Ayuntamiento un deber de vigilancia, control y colaboración, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Señala además que la próxima modificación del Plan General de Burgos prevé que el Ayuntamiento asuma progresivamente el mantenimiento de estos espacios, incluyendo limpieza, alumbrado y conservación del mobiliario y zonas verdes. Por ello, la resolución insta al Ayuntamiento a valorar la creación de mecanismos de colaboración con las comunidades de propietarios para garantizar la limpieza, salubridad, accesibilidad y seguridad de la plaza, y a ejercer de forma activa sus funciones de vigilancia y apoyo mientras se aprueba la modificación del planeamiento, integrando estos espacios en los programas municipales de mantenimiento urbano.
Se denunció ante esta Procuraduría la inactividad municipal para controlar las colonias felinas existentes en un pequeño municipio abulense. Tras analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento de la que se deducía esa falta de control al considerar que estaban cuidados por los vecinos de ese pueblo, se formuló una Resolución dirigida a dicha Corporación recordándole la necesidad de ejercer las competencias atribuidas a las Entidades locales por la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales con el fin de determinar si esos gatos eran propiedad de particulares o, por el contrario, eran gatos comunitarios. Además, dada la población de ese municipio, se instó a la Administración municipal a que valorase solicitar la colaboración de la Diputación Provincial de Ávila para realizar los programas de esterilización y de control sanitario de las colonias felinas si se constatase que eran gatos comunitarios.
Un ciudadano presentó una queja porque el Ayuntamiento no había respondido a su solicitud de información sobre una sesión plenaria que debía tratar la modificación de la ordenanza del agua para reducir las facturas cuando hay averías en las tuberías. El ciudadano había tenido un consumo excesivo de agua por una avería y la Entidad local se había comprometido, anteriormente, a estudiar cambios en la normativa para estos casos en cumplimiento de una resolución emitida por el Procurador del Común.
La Administración contestó que había contratado una empresa para revisar las tuberías del ciudadano, y que ya le había informado de todo en reuniones con la Alcaldesa, pero no envió la documentación prometida sobre la sesión plenaria. La Defensoría argumentó que la Administración pública tiene la obligación legal de responder por escrito a todas las solicitudes de los ciudadanos en un plazo máximo de seis meses, y que ya habían pasado sin respuesta haber obtenido respuesta. Finalmente, propuso que el Ayuntamiento respondiera inmediatamente por escrito a la solicitud del ciudadano y que cumpliera su compromiso de estudiar la modificación de la ordenanza del agua para establecer facturas estimadas basadas en consumos anteriores cuando las averías no fueran culpa del usuario.
En este expediente se aborda la situación planteada en una pequeña localidad de la provincia de León por las posibles irregularidades en la cesión o venta de un inmueble de titularidad de la Junta vecinal, un antiguo molino que estaría siendo utilizado como vivienda sin que, al parecer, se hubiera tramitado el procedimiento legal correspondiente. Según el reclamante, la operación se habría realizado sin expediente administrativo, sin garantizar la publicidad ni la transparencia, y los ingresos obtenidos no se habrían destinado a fines de interés general. Durante la investigación, la Junta Vecinal no respondió a ninguna de las solicitudes de información formuladas por el Procurador del Común, pese a haber sido reiteradas en tres ocasiones. Esta falta de colaboración constituye un incumplimiento de los artículos 3 y 16 de la Ley 2/1994, de 9 de marzo, y supone una infracción del deber legal de cooperación con la Institución. En cualquier caso, el Procurador del Común recuerda que cualquier cesión o enajenación de bienes patrimoniales de las entidades locales debe ajustarse a los procedimientos establecidos en la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, garantizando la concurrencia, la transparencia y el interés público. Cualquier disposición de bienes municipales sin expediente administrativo, sin acuerdo del órgano competente o sin control de legalidad podría considerarse nula, comprometer la validez del acto y generar responsabilidad para los gestores públicos. En consecuencia, la Institución recomienda a la Junta Vecinal que revise la situación jurídica y administrativa del inmueble afectado, regularice su uso o titularidad mediante la tramitación del correspondiente expediente conforme a la normativa vigente y actúe en todo momento con arreglo a los principios de legalidad, transparencia y servicio al interés general. Además, se le recuerda su obligación de colaborar con el Procurador del Común en las investigaciones que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones.
