En esta actuación de oficio se aborda la problemática de la gestión del agua potable en los municipios, con especial énfasis en los de menor tamaño, ante la escasez de recursos hídricos y las exigencias del Real Decreto 3/2023. Este establece la obligación de realizar evaluaciones de las fugas estructurales en las redes de distribución y acometidas municipales, además de implementar medidas que mejoren la eficiencia del servicio y reduzcan las pérdidas de agua. Se reconoce que muchos municipios carecen de capacidad técnica y económica para afrontar estas obligaciones, lo que deriva en deficiencias como pérdidas significativas de agua, interrupciones frecuentes del suministro y problemas en la calidad del agua. Ante esta situación, se destaca la importancia del papel de las Diputaciones provinciales en apoyar técnica y económicamente a los Ayuntamientos para que puedan cumplir con los requerimientos normativos. En la resolución se recomienda a las Diputaciones intensificar su colaboración con los municipios de su ámbito territorial, facilitando los recursos necesarios para implementar los protocolos de evaluación y renovación de infraestructuras establecidos en el Real Decreto 3/2023. Se insta a las Diputaciones a adaptar sus planes de colaboración para priorizar la asignación de fondos y asistencia técnica que permitan mejorar las redes de distribución de agua en los municipios más pequeños. Asimismo, se pide que se difunda esta resolución a los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, con el objetivo de promover el uso eficiente y responsable de los recursos hídricos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales y la sostenibilidad del sistema de abastecimiento de agua. En definitiva, se resalta la necesidad de fortalecer la cooperación interadministrativa para garantizar un servicio esencial y sostenible en beneficio de los ciudadanos y del medio ambiente.
En esta actuación de oficio se aborda la problemática de la gestión del agua potable en los municipios, con especial énfasis en los de menor tamaño, ante la escasez de recursos hídricos y las exigencias del Real Decreto 3/2023. Este establece la obligación de realizar evaluaciones de las fugas estructurales en las redes de distribución y acometidas municipales, además de implementar medidas que mejoren la eficiencia del servicio y reduzcan las pérdidas de agua. Se reconoce que muchos municipios carecen de capacidad técnica y económica para afrontar estas obligaciones, lo que deriva en deficiencias como pérdidas significativas de agua, interrupciones frecuentes del suministro y problemas en la calidad del agua. Ante esta situación, se destaca la importancia del papel de las Diputaciones provinciales en apoyar técnica y económicamente a los Ayuntamientos para que puedan cumplir con los requerimientos normativos. En la resolución se recomienda a las Diputaciones intensificar su colaboración con los municipios de su ámbito territorial, facilitando los recursos necesarios para implementar los protocolos de evaluación y renovación de infraestructuras establecidos en el Real Decreto 3/2023. Se insta a las Diputaciones a adaptar sus planes de colaboración para priorizar la asignación de fondos y asistencia técnica que permitan mejorar las redes de distribución de agua en los municipios más pequeños. Asimismo, se pide que se difunda esta resolución a los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, con el objetivo de promover el uso eficiente y responsable de los recursos hídricos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales y la sostenibilidad del sistema de abastecimiento de agua. En definitiva, se resalta la necesidad de fortalecer la cooperación interadministrativa para garantizar un servicio esencial y sostenible en beneficio de los ciudadanos y del medio ambiente.
Esta actuación de oficio ha venido motivada por el hecho de que los días 28 a 30 de octubre de 2024 tuvieron lugar las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo para analizar “La labor de las defensorías en la promoción del derecho a la buena administración” que concluyeron con la aprobación por parte del Defensor del Pueblo de España y de los Defensores Autonómicos de un Decálogo cuyo conocimiento estimamos puede resultar de interés y cuyos aspectos más relevantes son los siguientes: La buena administración exige situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones de las administraciones públicas; requiere que todas las actuaciones administrativas se realicen con la diligencia debida; necesita de la transparencia y es incompatible con la falta de respuesta, la motivación insuficiente y la inacción administrativa; implica actuar con equidad y sin discriminación,; es esencial para fomentar la confianza en las instituciones públicas y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho; precisa la dotación de recursos humanos adecuados; demanda incorporar la innovación tecnológica y la inteligencia artificial.
Esta actuación de oficio ha venido motivada por el hecho de que los días 28 a 30 de octubre de 2024 tuvieron lugar las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo para analizar “La labor de las defensorías en la promoción del derecho a la buena administración” que concluyeron con la aprobación por parte del Defensor del Pueblo de España y de los Defensores Autonómicos de un Decálogo cuyo conocimiento estimamos puede resultar de interés y cuyos aspectos más relevantes son los siguientes: La buena administración exige situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones de las administraciones públicas; requiere que todas las actuaciones administrativas se realicen con la diligencia debida; necesita de la transparencia y es incompatible con la falta de respuesta, la motivación insuficiente y la inacción administrativa; implica actuar con equidad y sin discriminación,; es esencial para fomentar la confianza en las instituciones públicas y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho; precisa la dotación de recursos humanos adecuados; demanda incorporar la innovación tecnológica y la inteligencia artificial.
Esta actuación de oficio ha venido motivada por el hecho de que los días 28 a 30 de octubre de 2024 tuvieron lugar las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo para analizar “La labor de las defensorías en la promoción del derecho a la buena administración” que concluyeron con la aprobación por parte del Defensor del Pueblo de España y de los Defensores Autonómicos de un Decálogo cuyo conocimiento estimamos puede resultar de interés y cuyos aspectos más relevantes son los siguientes: La buena administración exige situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones de las administraciones públicas; requiere que todas las actuaciones administrativas se realicen con la diligencia debida; necesita de la transparencia y es incompatible con la falta de respuesta, la motivación insuficiente y la inacción administrativa; implica actuar con equidad y sin discriminación,; es esencial para fomentar la confianza en las instituciones públicas y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho; precisa la dotación de recursos humanos adecuados; demanda incorporar la innovación tecnológica y la inteligencia artificial.
Esta actuación de oficio ha venido motivada por el hecho de que los días 28 a 30 de octubre de 2024 tuvieron lugar las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo para analizar “La labor de las defensorías en la promoción del derecho a la buena administración” que concluyeron con la aprobación por parte del Defensor del Pueblo de España y de los Defensores Autonómicos de un Decálogo cuyo conocimiento estimamos puede resultar de interés y cuyos aspectos más relevantes son los siguientes: La buena administración exige situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones de las administraciones públicas; requiere que todas las actuaciones administrativas se realicen con la diligencia debida; necesita de la transparencia y es incompatible con la falta de respuesta, la motivación insuficiente y la inacción administrativa; implica actuar con equidad y sin discriminación,; es esencial para fomentar la confianza en las instituciones públicas y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho; precisa la dotación de recursos humanos adecuados; demanda incorporar la innovación tecnológica y la inteligencia artificial.
