En esta actuación de oficio se aborda la gestión de las pérdidas de agua potable que realizan los municipios de más de 5000 habitantes en nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido se destaca que, según estudios, entre un 15% y un 16% del agua se pierde debido a fugas y averías en las redes de distribución y que el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, establece la obligación de las administraciones locales de evaluar dichas pérdidas estructurales, con un primer informe previsto para el primer trimestre de 2025. Tras recopilar la información que nos proporcionaron las entidades locales, evaluamos la implementación de los controles sobre las pérdidas de agua que se habían establecido y conocimos las medidas que venían adoptando. En este sentido conocimos que la mayoría de los Ayuntamientos que dieron respuesta a nuestras solicitudes de información manifestaron que realizaban controles de las fugas que se producían en en sus redes y también la eficiencia de sus sistemas. Sin embargo, se identificaron carencias en aspectos como la sectorización de redes, la contabilización de consumos municipales no registrados (baldeo, riego de jardines) y la detección de fugas mediante tecnologías avanzadas. Por ello en la resolución que formulamos como conclusión de nuestras actuaciones se incluyen algunas observaciones como la necesidad de instalar contadores en todas las tomas de agua, implementar planes de detección de fugas, priorizar la modernización de infraestructuras obsoletas y fomentar el uso de tecnologías avanzadas para reducir pérdidas aparentes y reales. También insta a cumplir con la normativa del RD 3/2023, notificando los datos al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) dentro de los plazos previstos.
Finalmente, se recomienda continuar con campañas informativas para sensibilizar a la población sobre el uso responsable del agua y reforzar los controles para prevenir el fraude en el consumo, destacando la importancia de garantizar un suministro eficiente y sostenible de este recurso esencial.
En esta actuación de oficio se aborda la gestión de las pérdidas de agua potable que realizan los municipios de más de 5000 habitantes en nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido se destaca que, según estudios, entre un 15% y un 16% del agua se pierde debido a fugas y averías en las redes de distribución y que el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, establece la obligación de las administraciones locales de evaluar dichas pérdidas estructurales, con un primer informe previsto para el primer trimestre de 2025. Tras recopilar la información que nos proporcionaron las entidades locales, evaluamos la implementación de los controles sobre las pérdidas de agua que se habían establecido y conocimos las medidas que venían adoptando. En este sentido conocimos que la mayoría de los Ayuntamientos que dieron respuesta a nuestras solicitudes de información manifestaron que realizaban controles de las fugas que se producían en en sus redes y también la eficiencia de sus sistemas. Sin embargo, se identificaron carencias en aspectos como la sectorización de redes, la contabilización de consumos municipales no registrados (baldeo, riego de jardines) y la detección de fugas mediante tecnologías avanzadas. Por ello en la resolución que formulamos como conclusión de nuestras actuaciones se incluyen algunas observaciones como la necesidad de instalar contadores en todas las tomas de agua, implementar planes de detección de fugas, priorizar la modernización de infraestructuras obsoletas y fomentar el uso de tecnologías avanzadas para reducir pérdidas aparentes y reales. También insta a cumplir con la normativa del RD 3/2023, notificando los datos al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) dentro de los plazos previstos.
Finalmente, se recomienda continuar con campañas informativas para sensibilizar a la población sobre el uso responsable del agua y reforzar los controles para prevenir el fraude en el consumo, destacando la importancia de garantizar un suministro eficiente y sostenible de este recurso esencial.
En esta actuación de oficio se aborda la gestión de las pérdidas de agua potable que realizan los municipios de más de 5000 habitantes en nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido se destaca que, según estudios, entre un 15% y un 16% del agua se pierde debido a fugas y averías en las redes de distribución y que el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, establece la obligación de las administraciones locales de evaluar dichas pérdidas estructurales, con un primer informe previsto para el primer trimestre de 2025. Tras recopilar la información que nos proporcionaron las entidades locales, evaluamos la implementación de los controles sobre las pérdidas de agua que se habían establecido y conocimos las medidas que venían adoptando. En este sentido conocimos que la mayoría de los Ayuntamientos que dieron respuesta a nuestras solicitudes de información manifestaron que realizaban controles de las fugas que se producían en en sus redes y también la eficiencia de sus sistemas. Sin embargo, se identificaron carencias en aspectos como la sectorización de redes, la contabilización de consumos municipales no registrados (baldeo, riego de jardines) y la detección de fugas mediante tecnologías avanzadas. Por ello en la resolución que formulamos como conclusión de nuestras actuaciones se incluyen algunas observaciones como la necesidad de instalar contadores en todas las tomas de agua, implementar planes de detección de fugas, priorizar la modernización de infraestructuras obsoletas y fomentar el uso de tecnologías avanzadas para reducir pérdidas aparentes y reales. También insta a cumplir con la normativa del RD 3/2023, notificando los datos al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) dentro de los plazos previstos.
Finalmente, se recomienda continuar con campañas informativas para sensibilizar a la población sobre el uso responsable del agua y reforzar los controles para prevenir el fraude en el consumo, destacando la importancia de garantizar un suministro eficiente y sostenible de este recurso esencial.
En esta actuación de oficio se aborda la gestión de las pérdidas de agua potable que realizan los municipios de más de 5000 habitantes en nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido se destaca que, según estudios, entre un 15% y un 16% del agua se pierde debido a fugas y averías en las redes de distribución y que el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, establece la obligación de las administraciones locales de evaluar dichas pérdidas estructurales, con un primer informe previsto para el primer trimestre de 2025. Tras recopilar la información que nos proporcionaron las entidades locales, evaluamos la implementación de los controles sobre las pérdidas de agua que se habían establecido y conocimos las medidas que venían adoptando. En este sentido conocimos que la mayoría de los Ayuntamientos que dieron respuesta a nuestras solicitudes de información manifestaron que realizaban controles de las fugas que se producían en en sus redes y también la eficiencia de sus sistemas. Sin embargo, se identificaron carencias en aspectos como la sectorización de redes, la contabilización de consumos municipales no registrados (baldeo, riego de jardines) y la detección de fugas mediante tecnologías avanzadas. Por ello en la resolución que formulamos como conclusión de nuestras actuaciones se incluyen algunas observaciones como la necesidad de instalar contadores en todas las tomas de agua, implementar planes de detección de fugas, priorizar la modernización de infraestructuras obsoletas y fomentar el uso de tecnologías avanzadas para reducir pérdidas aparentes y reales. También insta a cumplir con la normativa del RD 3/2023, notificando los datos al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) dentro de los plazos previstos.
Finalmente, se recomienda continuar con campañas informativas para sensibilizar a la población sobre el uso responsable del agua y reforzar los controles para prevenir el fraude en el consumo, destacando la importancia de garantizar un suministro eficiente y sostenible de este recurso esencial.
En esta actuación de oficio se aborda la gestión de las pérdidas de agua potable que realizan los municipios de más de 5000 habitantes en nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido se destaca que, según estudios, entre un 15% y un 16% del agua se pierde debido a fugas y averías en las redes de distribución y que el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, establece la obligación de las administraciones locales de evaluar dichas pérdidas estructurales, con un primer informe previsto para el primer trimestre de 2025. Tras recopilar la información que nos proporcionaron las entidades locales, evaluamos la implementación de los controles sobre las pérdidas de agua que se habían establecido y conocimos las medidas que venían adoptando. En este sentido conocimos que la mayoría de los Ayuntamientos que dieron respuesta a nuestras solicitudes de información manifestaron que realizaban controles de las fugas que se producían en en sus redes y también la eficiencia de sus sistemas. Sin embargo, se identificaron carencias en aspectos como la sectorización de redes, la contabilización de consumos municipales no registrados (baldeo, riego de jardines) y la detección de fugas mediante tecnologías avanzadas. Por ello en la resolución que formulamos como conclusión de nuestras actuaciones se incluyen algunas observaciones como la necesidad de instalar contadores en todas las tomas de agua, implementar planes de detección de fugas, priorizar la modernización de infraestructuras obsoletas y fomentar el uso de tecnologías avanzadas para reducir pérdidas aparentes y reales. También insta a cumplir con la normativa del RD 3/2023, notificando los datos al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) dentro de los plazos previstos.
Finalmente, se recomienda continuar con campañas informativas para sensibilizar a la población sobre el uso responsable del agua y reforzar los controles para prevenir el fraude en el consumo, destacando la importancia de garantizar un suministro eficiente y sostenible de este recurso esencial.
En esta actuación de oficio se aborda la gestión de las pérdidas de agua potable que realizan los municipios de más de 5000 habitantes en nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido se destaca que, según estudios, entre un 15% y un 16% del agua se pierde debido a fugas y averías en las redes de distribución y que el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, establece la obligación de las administraciones locales de evaluar dichas pérdidas estructurales, con un primer informe previsto para el primer trimestre de 2025. Tras recopilar la información que nos proporcionaron las entidades locales, evaluamos la implementación de los controles sobre las pérdidas de agua que se habían establecido y conocimos las medidas que venían adoptando. En este sentido conocimos que la mayoría de los Ayuntamientos que dieron respuesta a nuestras solicitudes de información manifestaron que realizaban controles de las fugas que se producían en en sus redes y también la eficiencia de sus sistemas. Sin embargo, se identificaron carencias en aspectos como la sectorización de redes, la contabilización de consumos municipales no registrados (baldeo, riego de jardines) y la detección de fugas mediante tecnologías avanzadas. Por ello en la resolución que formulamos como conclusión de nuestras actuaciones se incluyen algunas observaciones como la necesidad de instalar contadores en todas las tomas de agua, implementar planes de detección de fugas, priorizar la modernización de infraestructuras obsoletas y fomentar el uso de tecnologías avanzadas para reducir pérdidas aparentes y reales. También insta a cumplir con la normativa del RD 3/2023, notificando los datos al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) dentro de los plazos previstos.
Finalmente, se recomienda continuar con campañas informativas para sensibilizar a la población sobre el uso responsable del agua y reforzar los controles para prevenir el fraude en el consumo, destacando la importancia de garantizar un suministro eficiente y sostenible de este recurso esencial.
