Durante el último año esta Defensoría se ha ocupado de varias cuestiones que tienen relación con la protección, el cuidado y la defensa de las zonas verdes ubicadas en los municipios de mayor población de nuestra Comunidad, y en este contexto se planteó el inicio de esta actuación de oficio ya que nuestro objetivo era examinar la situación de los caminos ubicados en los entornos urbanos, puesto que, a nuestro juicio, la existencia de estas vías de comunicación es básica para garantizar la conexión peatonal de las zonas verdes de nuestras ciudades con las áreas verdes periurbanas y de naturaleza exterior. Así, el derecho de todos los ciudadanos a transitar por los caminos públicos se relaciona con el derecho a un medio ambiente adecuado, con el derecho a disfrutar del ocio y del tiempo libre y con derecho a la salud.
Tras solicitar información a todos los municipios de nuestra Comunidad de más de 5 mil habitantes y a la vista de los datos recabados, se ha dirigido a estas Administraciones una serie de recomendaciones generales para intentar contribuir, entre todos, a mejorar la situación, conservación y pervivencia de estas vías de comunicación de dominio público, sobre todo y por lo que atañe a esta actuación de oficio, de las situadas en los entornos urbanos, en las que su utilización, ligada habitualmente a los usos tradicionales, está cambiando a otros usos alternativos ligados a otro tipo de funciones, como la ecológica, social, cultural, recreativa, etc.
En este sentido instamos a los Ayuntamientos, que no lo hayan hecho aún, a que procedan a incluir todos los caminos de su titularidad en el Inventario de Bienes municipales y en el Registro de la Propiedad, para garantizar así su protección frente a terceros. Por otro lado les recomendamos que efectuasen una vigilancia efectiva frente a las posibles usurpaciones, para evitar así que se consoliden situaciones posesorias privadas que dificulten su recuperación. Nos referimos, igualmente, a las labores de mantenimiento que deben efectuarse en los caminos para contribuir a facilitar su adecuada utilización por parte de todos los ciudadanos, creemos que el fomento del uso público de los caminos resulta un método muy eficaz para su custodia y protección, ya que implicar a sectores mayoritarios de la ciudadanía hace que, en general, se considere a los caminos como parte del patrimonio colectivo favoreciendo su pervivencia.
Recomendamos que, en su caso, los Ayuntamientos regularan la utilización de los caminos de su titularidad mediante ordenanzas locales, que podrían tener en cuenta, además de los usos tradicionales de estas vías ( agrícolas, ganaderas, forestales, etc.) las nuevas necesidades de protección del medio ambiente, de ocio, deportivas, etc. que estos caminos atienden. Por último instamos a los Ayuntamientos a potenciar su uso como medio de acceso cómodo y seguro al entorno natural, teniendo en cuenta las crecientes demandas sociales al respecto.
Además, recordamos a todos los Ayuntamientos mencionados, que no remitieron en su momento la información requerida, que deben cumplir con sus obligaciones legales, prestando la oportuna colaboración al Procurador del Común en sus investigaciones.
Durante el último año esta Defensoría se ha ocupado de varias cuestiones que tienen relación con la protección, el cuidado y la defensa de las zonas verdes ubicadas en los municipios de mayor población de nuestra Comunidad, y en este contexto se planteó el inicio de esta actuación de oficio ya que nuestro objetivo era examinar la situación de los caminos ubicados en los entornos urbanos, puesto que, a nuestro juicio, la existencia de estas vías de comunicación es básica para garantizar la conexión peatonal de las zonas verdes de nuestras ciudades con las áreas verdes periurbanas y de naturaleza exterior. Así, el derecho de todos los ciudadanos a transitar por los caminos públicos se relaciona con el derecho a un medio ambiente adecuado, con el derecho a disfrutar del ocio y del tiempo libre y con derecho a la salud.
Tras solicitar información a todos los municipios de nuestra Comunidad de más de 5 mil habitantes y a la vista de los datos recabados, se ha dirigido a estas Administraciones una serie de recomendaciones generales para intentar contribuir, entre todos, a mejorar la situación, conservación y pervivencia de estas vías de comunicación de dominio público, sobre todo y por lo que atañe a esta actuación de oficio, de las situadas en los entornos urbanos, en las que su utilización, ligada habitualmente a los usos tradicionales, está cambiando a otros usos alternativos ligados a otro tipo de funciones, como la ecológica, social, cultural, recreativa, etc.
En este sentido instamos a los Ayuntamientos, que no lo hayan hecho aún, a que procedan a incluir todos los caminos de su titularidad en el Inventario de Bienes municipales y en el Registro de la Propiedad, para garantizar así su protección frente a terceros. Por otro lado les recomendamos que efectuasen una vigilancia efectiva frente a las posibles usurpaciones, para evitar así que se consoliden situaciones posesorias privadas que dificulten su recuperación. Nos referimos, igualmente, a las labores de mantenimiento que deben efectuarse en los caminos para contribuir a facilitar su adecuada utilización por parte de todos los ciudadanos, creemos que el fomento del uso público de los caminos resulta un método muy eficaz para su custodia y protección, ya que implicar a sectores mayoritarios de la ciudadanía hace que, en general, se considere a los caminos como parte del patrimonio colectivo favoreciendo su pervivencia.
Recomendamos que, en su caso, los Ayuntamientos regularan la utilización de los caminos de su titularidad mediante ordenanzas locales, que podrían tener en cuenta, además de los usos tradicionales de estas vías ( agrícolas, ganaderas, forestales, etc.) las nuevas necesidades de protección del medio ambiente, de ocio, deportivas, etc. que estos caminos atienden. Por último instamos a los Ayuntamientos a potenciar su uso como medio de acceso cómodo y seguro al entorno natural, teniendo en cuenta las crecientes demandas sociales al respecto.
Durante el último año esta Defensoría se ha ocupado de varias cuestiones que tienen relación con la protección, el cuidado y la defensa de las zonas verdes ubicadas en los municipios de mayor población de nuestra Comunidad, y en este contexto se planteó el inicio de esta actuación de oficio ya que nuestro objetivo era examinar la situación de los caminos ubicados en los entornos urbanos, puesto que, a nuestro juicio, la existencia de estas vías de comunicación es básica para garantizar la conexión peatonal de las zonas verdes de nuestras ciudades con las áreas verdes periurbanas y de naturaleza exterior. Así, el derecho de todos los ciudadanos a transitar por los caminos públicos se relaciona con el derecho a un medio ambiente adecuado, con el derecho a disfrutar del ocio y del tiempo libre y con derecho a la salud.
Tras solicitar información a todos los municipios de nuestra Comunidad de más de 5 mil habitantes y a la vista de los datos recabados, se ha dirigido a estas Administraciones una serie de recomendaciones generales para intentar contribuir, entre todos, a mejorar la situación, conservación y pervivencia de estas vías de comunicación de dominio público, sobre todo y por lo que atañe a esta actuación de oficio, de las situadas en los entornos urbanos, en las que su utilización, ligada habitualmente a los usos tradicionales, está cambiando a otros usos alternativos ligados a otro tipo de funciones, como la ecológica, social, cultural, recreativa, etc.
En este sentido instamos a los Ayuntamientos, que no lo hayan hecho aún, a que procedan a incluir todos los caminos de su titularidad en el Inventario de Bienes municipales y en el Registro de la Propiedad, para garantizar así su protección frente a terceros. Por otro lado les recomendamos que efectuasen una vigilancia efectiva frente a las posibles usurpaciones, para evitar así que se consoliden situaciones posesorias privadas que dificulten su recuperación. Nos referimos, igualmente, a las labores de mantenimiento que deben efectuarse en los caminos para contribuir a facilitar su adecuada utilización por parte de todos los ciudadanos, creemos que el fomento del uso público de los caminos resulta un método muy eficaz para su custodia y protección, ya que implicar a sectores mayoritarios de la ciudadanía hace que, en general, se considere a los caminos como parte del patrimonio colectivo favoreciendo su pervivencia.
Recomendamos que, en su caso, los Ayuntamientos regularan la utilización de los caminos de su titularidad mediante ordenanzas locales, que podrían tener en cuenta, además de los usos tradicionales de estas vías ( agrícolas, ganaderas, forestales, etc.) las nuevas necesidades de protección del medio ambiente, de ocio, deportivas, etc. que estos caminos atienden. Por último instamos a los Ayuntamientos a potenciar su uso como medio de acceso cómodo y seguro al entorno natural, teniendo en cuenta las crecientes demandas sociales al respecto.
Durante el último año esta Defensoría se ha ocupado de varias cuestiones que tienen relación con la protección, el cuidado y la defensa de las zonas verdes ubicadas en los municipios de mayor población de nuestra Comunidad, y en este contexto se planteó el inicio de esta actuación de oficio ya que nuestro objetivo era examinar la situación de los caminos ubicados en los entornos urbanos, puesto que, a nuestro juicio, la existencia de estas vías de comunicación es básica para garantizar la conexión peatonal de las zonas verdes de nuestras ciudades con las áreas verdes periurbanas y de naturaleza exterior. Así, el derecho de todos los ciudadanos a transitar por los caminos públicos se relaciona con el derecho a un medio ambiente adecuado, con el derecho a disfrutar del ocio y del tiempo libre y con derecho a la salud.
Tras solicitar información a todos los municipios de nuestra Comunidad de más de 5 mil habitantes y a la vista de los datos recabados, se ha dirigido a estas Administraciones una serie de recomendaciones generales para intentar contribuir, entre todos, a mejorar la situación, conservación y pervivencia de estas vías de comunicación de dominio público, sobre todo y por lo que atañe a esta actuación de oficio, de las situadas en los entornos urbanos, en las que su utilización, ligada habitualmente a los usos tradicionales, está cambiando a otros usos alternativos ligados a otro tipo de funciones, como la ecológica, social, cultural, recreativa, etc.
En este sentido instamos a los Ayuntamientos, que no lo hayan hecho aún, a que procedan a incluir todos los caminos de su titularidad en el Inventario de Bienes municipales y en el Registro de la Propiedad, para garantizar así su protección frente a terceros. Por otro lado les recomendamos que efectuasen una vigilancia efectiva frente a las posibles usurpaciones, para evitar así que se consoliden situaciones posesorias privadas que dificulten su recuperación. Nos referimos, igualmente, a las labores de mantenimiento que deben efectuarse en los caminos para contribuir a facilitar su adecuada utilización por parte de todos los ciudadanos, creemos que el fomento del uso público de los caminos resulta un método muy eficaz para su custodia y protección, ya que implicar a sectores mayoritarios de la ciudadanía hace que, en general, se considere a los caminos como parte del patrimonio colectivo favoreciendo su pervivencia.
Recomendamos que, en su caso, los Ayuntamientos regularan la utilización de los caminos de su titularidad mediante ordenanzas locales, que podrían tener en cuenta, además de los usos tradicionales de estas vías ( agrícolas, ganaderas, forestales, etc.) las nuevas necesidades de protección del medio ambiente, de ocio, deportivas, etc. que estos caminos atienden. Por último instamos a los Ayuntamientos a potenciar su uso como medio de acceso cómodo y seguro al entorno natural, teniendo en cuenta las crecientes demandas sociales al respecto.
Durante el último año esta Defensoría se ha ocupado de varias cuestiones que tienen relación con la protección, el cuidado y la defensa de las zonas verdes ubicadas en los municipios de mayor población de nuestra Comunidad, y en este contexto se planteó el inicio de esta actuación de oficio ya que nuestro objetivo era examinar la situación de los caminos ubicados en los entornos urbanos, puesto que, a nuestro juicio, la existencia de estas vías de comunicación es básica para garantizar la conexión peatonal de las zonas verdes de nuestras ciudades con las áreas verdes periurbanas y de naturaleza exterior. Así, el derecho de todos los ciudadanos a transitar por los caminos públicos se relaciona con el derecho a un medio ambiente adecuado, con el derecho a disfrutar del ocio y del tiempo libre y con derecho a la salud.
Tras solicitar información a todos los municipios de nuestra Comunidad de más de 5 mil habitantes y a la vista de los datos recabados, se ha dirigido a estas Administraciones una serie de recomendaciones generales para intentar contribuir, entre todos, a mejorar la situación, conservación y pervivencia de estas vías de comunicación de dominio público, sobre todo y por lo que atañe a esta actuación de oficio, de las situadas en los entornos urbanos, en las que su utilización, ligada habitualmente a los usos tradicionales, está cambiando a otros usos alternativos ligados a otro tipo de funciones, como la ecológica, social, cultural, recreativa, etc.
En este sentido instamos a los Ayuntamientos, que no lo hayan hecho aún, a que procedan a incluir todos los caminos de su titularidad en el Inventario de Bienes municipales y en el Registro de la Propiedad, para garantizar así su protección frente a terceros. Por otro lado les recomendamos que efectuasen una vigilancia efectiva frente a las posibles usurpaciones, para evitar así que se consoliden situaciones posesorias privadas que dificulten su recuperación. Nos referimos, igualmente, a las labores de mantenimiento que deben efectuarse en los caminos para contribuir a facilitar su adecuada utilización por parte de todos los ciudadanos, creemos que el fomento del uso público de los caminos resulta un método muy eficaz para su custodia y protección, ya que implicar a sectores mayoritarios de la ciudadanía hace que, en general, se considere a los caminos como parte del patrimonio colectivo favoreciendo su pervivencia.
Recomendamos que, en su caso, los Ayuntamientos regularan la utilización de los caminos de su titularidad mediante ordenanzas locales, que podrían tener en cuenta, además de los usos tradicionales de estas vías ( agrícolas, ganaderas, forestales, etc.) las nuevas necesidades de protección del medio ambiente, de ocio, deportivas, etc. que estos caminos atienden. Por último instamos a los Ayuntamientos a potenciar su uso como medio de acceso cómodo y seguro al entorno natural, teniendo en cuenta las crecientes demandas sociales al respecto.
Se denunciaron en esta Procuraduría los daños generados a fincas privadas por los arrastres de restos de carbón procedentes de escombreras sin restaurar ubicadas en la localidad palentina de Velilla del Río Carrión. Tras constatar en la documentación remitida la veracidad del problema expuesto, las Administraciones competentes reconocían que existía una falta de mantenimiento de las mismas al encontrarse la empresa extractiva en concurso de acreedores como consecuencia del cierre de las minas de carbón en dicha comarca. En consecuencia, se recomendó al Ayuntamiento que se adopten las medidas pertinentes para llevar a cabo dichas tareas de mantenimiento, evitando que continúen los arrastres y lixiviados de carbón a la vía pública de su titularidad y a las propiedades colindantes.
