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Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León
Ilma. Sra. Directora General de Relaciones Institucionales
C/ Santiago Alba, 1
47008 VALLADOLID
Expediente: ACTUACIÓN DE OFICIO 1376/2023
Asunto: Prevención de la conducta suicida en Castilla y León
Trámite: Resolución
Centro directivo: Consejería de Sanidad
Ilma. Sra.:
De nuevo nos dirigimos a V.I. en relación con el expediente de oficio tramitado en
esta Institución con el número arriba indicado.
La lucha frente al suicidio es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los
sistemas sanitarios en todo el mundo, al constituir uno de los problemas graves de salud
pública en la actualidad. Cada caso es una tragedia personal que ocasiona un gran impacto
y efectos duraderos en las familias y en el entorno de la persona fallecida o de quien
incurre en un intento autolítico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024) estima que cada año unas
726.000 personas se quitan la vida y muchas más lo intentan. Además, desde la
declaración de la pandemia en marzo de 2020 más personas experimentan sufrimiento y
estrés, y algunos de ellos presentan factores de riesgo autolítico.
En concreto, en la Unión Europea (UE), según datos recogidos en la Estrategia de
Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, se registraron 56.000 muertes
por suicidio en 2015, con predominio en hombres (una tasa de 3,7 veces más: 43.000
hombres y 13.000 mujeres). La tendencia, además, mantiene un alza constante en ambos
sexos, alcanzando un pico entre los 45-64 años.
Respecto a nuestro país, el Observatorio del Suicidio de España de la Fundación
Española para la prevención del Suicidio, en base a los últimos datos estadísticos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 19 de diciembre de 2023) sobre
Defunciones por Causa de Muerte del año 2022, recogió las siguientes conclusiones
definitivas en su Informe “Suicidios España 2022”:
• En España en 2022 se produjeron 4.227 suicidios, lo que corresponde a una
media de 11,6 suicidios al día, más del doble que por accidentes de tráfico y más de 80
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que por violencia de género. Ese número de suicidios aumentó hasta un 5,6% respecto a
2021. Esto es, en 2022 se produjeron 224 suicidios más que en 2021: 144 más de hombres
y 80 más de mujeres.
Así, en España se vuelve a registrar (por cuarto año consecutivo) una cifra
histórica de suicidios en ambos sexos, contabilizándose también las mayores tasas de
suicidio de la historia, tanto totales (8,85 muertes por 100.000 habitantes) como por sexos
(13,34 en hombres y 4,52 en mujeres).
• En cuanto a intentos de suicidio se ha calculado de media (proyectando datos de
la OMS) que se habrían producido unos 80.000 anuales.
• Si en 2021 preocupaba el alto número de suicidios infantiles (22 menores de 15
años se quitaron la vida, frente a los 13 de 2022), en 2022 lo fue el aumento del suicidio
adolescente (de 15 a 19 años), especialmente en varones. Mientras que en 2021 se
produjeron 53 suicidios (28 chicos y 25 chicas), en 2022 fueron 75 (44 chicos y 21
chicas).
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Así, el suicidio es la primera causa de muerte en la juventud española (de 15 a
29 años), por delante de otras causas, significativamente el cáncer y los accidentes de
tráfico.
• Además, el suicidio sigue siendo, desde 2008, la principal causa de muerte
externa en España. Al mismo tiempo, detrás de defunciones por ahogamiento,
sumersión, sofocación accidentales (y el resto de accidentes) pueden ocultarse también
muertes por suicidio que, por distintos motivos, no han sido asignados a este origen.
Pues bien, dentro del conjunto nacional, Castilla y León fue la sexta Comunidad
Autónoma en muertes por suicidio en 2022, registrando 242, solo por debajo de
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Galicia.
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Incluso esta Comunidad Autónoma registró una media de suicidios (por 100.000
habitantes) de 10,20, superando la media nacional, con la cuarta tasa más elevada en el
conjunto del estado.
Con todas estas cifras se ha reconocido y priorizado al más alto nivel la necesidad
urgente de intervenciones públicas para reducir los suicidios.
Así, la Organización Mundial de la Salud1, considerando el suicidio como un
problema de alta prioridad para la salud pública, ha alentado a todos los países a
desarrollar estrategias para su prevención. Con ello, en su Plan de Acción Integral sobre
Salud Mental (con una vigencia extendida hasta 2030) los Estados miembros de esa
organización se comprometieron a trabajar para alcanzar la meta mundial de reducir las
tasas nacionales de mortalidad por suicidio en un 10% para el año 2030.
Con este objetivo, el Ministerio de Sanidad publicó en 2022 la actualización de la
Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, para el periodo 2022-2026.
Documento aprobado por el Comité Institucional de esta Estrategia y por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se recoge la conducta suicida
como un problema de salud pública, dedicando una línea estratégica exclusiva a su
prevención, detección precoz y atención, en la que se fijan los objetivos y acciones
concretas para su implementación por las Comunidades Autónomas.
En el caso concreto de Castilla y León, ya el IV Plan de Salud había calificado el
suicidio como la primera causa de mortalidad externa, formulando entre las iniciativas a
adoptar (Medida 269) el desarrollo e implantación del proceso de atención a la conducta
suicida. En su desarrollo, la Gerencia Regional de Salud aprobó en 2017 el Proceso de
1 Informe “Prevención del suicidio: un imperativo legal” (2019).
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Prevención y Atención a la Conducta Suicida, con el objetivo de establecer un conjunto de
acciones de prevención, coordinación e intervención de carácter multidisciplinar e
integrado para dar respuesta a las necesidades de las personas con riesgo suicida en la
Comunidad, disminuir sus tentativas, reducir la mortalidad por esta causa y asegurar la
coordinación asistencial en su atención.
Con posterioridad, la misma Gerencia Regional de Salud consideró necesario
impulsar una específica Estrategia de Atención a la Conducta Suicida (2021-2025), con
el objetivo general de disminuir (al máximo) la incidencia y la prevalencia del suicidio en
Castilla y León, garantizando una atención adecuada de la persona y sus allegados
mediante el abordaje integral del proceso de prevención, atención y seguimiento.
Pues bien, esta Estrategia se articula a través de 5 líneas estratégicas, cada una de
ellas con sus correspondientes medidas. En total, 71 medidas. Las líneas estratégicas 1, 2
y 3 abordan las medidas de prevención siguiendo la sistemática propuesta por la OMS, de
tal forma que cada una de ellas se focaliza en una tipología específica de prevención
(universal, selectiva e indicada). La línea estratégica 4 se centra en la mejora del sistema
de vigilancia epidemiológica e Investigación. Y por último, la línea estratégica 5 se
orienta a la formación de los diferentes agentes implicados en el proceso de prevención y
atención al suicidio.
Esto es, la Estrategia plantea múltiples actuaciones a desarrollar durante un
periodo de cinco años (2021 a 2025), con un proceso de seguimiento continuo para su
implantación y desarrollo efectivo. Ello con el diseño de un cuadro de mando con quince
indicadores clave, seleccionados atendiendo a criterios de relevancia, representatividad y
factibilidad. Cada uno de los objetivos de las cinco líneas estratégicas tiene asociado su
correspondiente indicador a fin de poder evaluar su desarrollo.
El establecimiento de este proceso de seguimiento continuo implica, pues, la
exigencia de velar por el adecuado despliegue de la aplicación de cada una de las medidas
definidas en la Estrategia, correspondiendo esta función a su Equipo Coordinador,
encargado de valorar de forma periódica, con cada uno de los responsables, la evolución
de su puesta en marcha y desarrollo. Adicionalmente, debe también llevar a cabo una
evaluación inicial, intermedia y final sobre el indicador de suicidios consumados para
evaluar el impacto global estrategia.
Sin embargo, no consta que, aun estando en el último tramo del periodo de
vigencia de esta política pública, se haya desplegado un seguimiento periódico de su
evolución, ni que se haya realizado evaluación alguna sobre su impacto global.
Ello pese a que este proceso evaluador tiene una gran relevancia, pues implica el
necesario juicio de valor sobre el éxito de los resultados y los impactos (deseados o no) de
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las actuaciones puestas en marcha. De hecho, una de las causas más comunes de la falta
de resultados de las intervenciones públicas es un defectuoso seguimiento de su
implementación. Precisamente, el fin último de cualquier programa o política pública es
lograr unos resultados adecuados, y el elemento crítico para obtenerlos es el desarrollo de
una correcta evaluación.
Por ello, la Administración debe concienciarse de que una profunda reflexión, a lo
largo del ciclo de vida de una planificación, puede arrojar importante información que
permita tanto prevenir errores iniciales como definir el grado de eficacia en las medidas
planificadas y la mejora continua de su diseño.
No resulta aconsejable, pues, demorar el seguimiento de la Estrategia en cuestión,
que debe ser concebido, además, como una prioridad, en la medida en que es tan relevante
como la existencia del propio marco planificador, pues es garantía de la consecución de
sus resultados, pudiendo adelantarse a posibles problemas para para que no se lleguen a
producirse.
Se debe, en consecuencia, impulsar el desarrollo del seguimiento de la Estrategia
de Atención a la Conducta Suicida, en la idea de que, sin duda, servirá como herramienta
de mejora de esta política pública y a la vez de rendición de cuentas de la acción
comprometida por la Administración pública.
Por todo ello, y al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del
Común, consideramos oportuno formular la siguiente Resolución:
ÚNICA: Que se proceda al desarrollo del proceso de seguimiento de la
implantación de cada una de las medidas definidas en la Estrategia de Atención a la
Conducta Suicida de Castilla y León, evaluando su evolución, su impacto y los
resultados hasta ahora alcanzados y, así, definir el grado de eficacia de las acciones
planificadas, mejorar su diseño y solucionar los problemas detectados para la
consecución efectiva de los objetivos perseguidos e, incluso, adelantarse a que se
lleguen a producir. Ello con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas
con riesgo suicida en la Comunidad, disminuir sus tentativas, reducir la mortalidad
por esta causa y asegurar el abordaje integral del proceso de prevención, atención y
seguimiento.
Esta es nuestra resolución y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos
comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma por parte del
órgano que corresponda de la Consejería de Sanidad en el plazo de dos meses, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución.
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Una vez realizadas las comunicaciones oportunas, se acuerda publicar la presente
Resolución en la página web de esta Institución, previa disociación de los datos de
carácter personal que contuviera.
Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo.
Atentamente,
EL PROCURADOR DEL COMÚN
Tomás Quintana López
