En este expediente abordamos la situación que se plantea a unos vecinos de un municipio de la provincia de Valladolid por el mal estado de un camino que sirve como acceso trasero a varias viviendas. Según la queja, el firme está muy deteriorado, con profundas rodadas y acumulaciones de agua, lo que dificulta mucho el paso de peatones y vehículos, sobre todo cuando llueve o nieva. Aunque el Ayuntamiento había hecho una reparación superficial con aportes de tierra, esta no resolvió el problema. En su informe, el Ayuntamiento reconoció que el camino necesita arreglo y señaló que ya había visitado la zona con un contratista, pero justificó la falta de actuación en las lluvias y en la dificultad para encontrar una empresa disponible, indicando que prevé intervenir cuando mejoren las condiciones. La resolución recuerda que los caminos públicos son bienes de dominio público y que el Ayuntamiento está obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de uso, especialmente cuando no solo dan acceso a fincas rústicas, sino también a viviendas. Subraya que no se exige que todos los caminos rurales estén asfaltados, pero sí que permitan una utilización normal y segura. También señala que echar tierra es solo una solución provisional y que quizá sea necesario actuar con medidas más duraderas, como zahorra compactada o incluso pavimentar algunos tramos.
Por ello, se recomienda al Ayuntamiento asegurar la conservación y transitabilidad del camino, elaborar o actualizar un informe técnico que estudie su estado y las soluciones más adecuadas, valorar especialmente la mejora o pavimentación de los tramos que sirven de acceso a viviendas, y además responder expresamente al escrito presentado por los vecinos en este caso.
Esta Institución impulsó una actuación de oficio dirigida a evaluar el estado de los hidrantes municipales y los sistemas de protección contra incendios en los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León, tras el incremento del riesgo de incendios en zonas urbanas y periurbanas, detectado este verano. En este caso, los Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y Laguna de Duero y Medina del Campo, ambos de Valladolid, no respondieron a las solicitudes de información formuladas pese a los varios requerimientos realizados, por lo que se declara su falta de colaboración y se acuerda mantener su inclusión en el Registro de Administraciones no colaboradoras. A partir de la información recabada de otros municipios, la resolución expone varias conclusiones generales. Señala que, en términos generales, los grandes municipios disponen de redes de hidrantes integradas en la red de abastecimiento, así como de inventarios y mecanismos de control, aunque con niveles de desarrollo desiguales. También constata que en muchos casos existen revisiones y controles, pero no siempre hay un programa sistemático de mantenimiento preventivo, sino actuaciones más reactivas. La resolución recuerda que los hidrantes son instalaciones de protección activa contra incendios cuya eficacia depende de su buen mantenimiento, conforme al Real Decreto 513/2017, y que resulta fundamental mejorar la coordinación entre los servicios de abastecimiento de agua y los servicios de extinción de incendios para detectar y corregir incidencias con rapidez. También se valora positivamente que en los nuevos desarrollos urbanísticos y en las renovaciones de infraestructuras se incorporen hidrantes conforme a la normativa, sobre todo en zonas periurbanas o de interfaz urbano-forestal. Sin embargo, se advierte de que en algunas áreas periurbanas o rurales la red puede ser insuficiente, ya que muchas redes de abastecimiento fueron diseñadas para agua potable y no para aportar grandes caudales de extinción. Por todo ello se formulan varias recomendaciones: mantener y actualizar inventarios de hidrantes y otros puntos de agua, preferiblemente integrados en sistemas geo-referenciados; implantar o reforzar programas periódicos de mantenimiento y verificación, incluyendo presión y caudal; mejorar la coordinación interna entre los servicios municipales implicados; seguir incorporando hidrantes en nuevos desarrollos y actuaciones urbanas; valorar medidas adicionales en zonas donde la red de hidrantes sea insuficiente; y, finalmente, cumplir en adelante con el deber de colaboración con el Procurador del Común.
Se recibió una queja ante esta Procuraduría en la que se denunciaba la falta de respuesta a una petición formulada ante un ayuntamiento de la provincia de Burgos para que disminuyese la intensidad del sonido de las campanas del reloj instalado en la torre de la iglesia parroquial. A pesar de que la Administración municipal no contestó a nuestra solicitud de información (lo que motivó su inclusión en el Registro de entidades no colaboradoras con esta Institución), se formuló una Resolución para que solicitase a la Diputación Provincial de Burgos realizar un estudio de medición acústica desde el interior de la vivienda propiedad del vecino denunciante, con el fin de determinar si este sonido sobrepasa los límites de los niveles sonoros fijados en el Anexo I de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, adoptando, en el supuesto de que se acreditase el incumplimiento, las medidas pertinentes para erradicar dichas molestias. Todo ello, sin perjuicio de que, como ha solicitado el autor de la queja, pueda valorar la Administración municipal eliminar el sonido del reloj objeto de la presente queja en horario nocturno.
En la queja planteada se abordó la situación del tramo superior de una calle situada en el municipio de Béjar (Salamanca), respecto del cual varios vecinos denunciaban la falta de acondicionamiento y las dificultades de acceso a diversas viviendas habitadas. Según la reclamación, el vial presenta una fuerte pendiente y un estado que dificulta el tránsito ordinario de personas y vehículos, incluyendo la posible intervención de servicios de emergencia. El Ayuntamiento informó de que el tramo afectado está clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana como suelo rústico con protección natural, circunstancia que, a su juicio, impide ejecutar una pavimentación convencional propia de una calle urbana. También señaló que la vía coincide parcialmente con el trazado de una antigua cañada y que las características naturales del terreno limitan las actuaciones posibles. En nuestro análisis, recordamos que las limitaciones urbanísticas derivadas de la clasificación del suelo pueden impedir determinadas obras de urbanización, pero no eximen al Ayuntamiento de su obligación de conservar y mantener los caminos y viales públicos que sirven de acceso efectivo a viviendas habitadas. La resolución destaca que la cuestión principal no es la urbanización del vial, sino garantizar unas condiciones mínimas de accesibilidad, seguridad y funcionalidad compatibles con el uso que actualmente presta. Asimismo, se puso de relieve la importancia de mantener adecuadamente este tipo de accesos para facilitar la llegada de ambulancias, vehículos de extinción de incendios, protección civil y otros servicios esenciales. Esta necesidad adquiere una relevancia especial en Béjar, municipio incluido en el Anexo III del Plan INFOCAL como zona de máximo riesgo de interfaz urbano-forestal, donde la accesibilidad de la red viaria resulta fundamental para la gestión de emergencias y la protección de la población. Por ello, se recomendó al Ayuntamiento evaluar técnicamente el estado actual del vial y adoptar las medidas de conservación compatibles con la normativa urbanística aplicable, tales como labores de limpieza y desbroce, regularización y perfilado del firme, mejora de drenajes, estabilización de zonas erosionadas y eliminación de obstáculos. También se instó a establecer un sistema de seguimiento periódico que garantice unas condiciones adecuadas de acceso a las viviendas y a los servicios de emergencia.
El objeto de este expediente se ha centrado en el irregular proceso de selección de participantes en un certamen taurino celebrado en un municipio de esta Comunidad, al haberse producido la inscripción de un menor que no cumplía la edad mínima requerida para participar en este festejo.
Reconocida expresamente esta circunstancia por el Ayuntamiento organizador del acto, sobre el que pesaba el control del cumplimiento del requisito de la edad mínima exigida para participar en el mencionado certamen taurino con carácter previo a la admisión, pudo confirmarse que el mismo no había desarrollado las comprobaciones necesarias, ni antes ni el mismo día del evento, para evitar la participación de una persona que incumplía el requisito de edad exigido. Por el contrario, había admitido su participación pese a no cumplir la edad necesaria para ello, vulnerando las bases reguladoras del certamen.
La decisión de admitir a tal aspirante resultó, pues, irregular desde el origen, dando lugar a un acto declarativo de derechos favorable al mismo, que eventualmente pudo perjudicar a otros posibles candidatos que, pese a cumplir los requisitos exigidos, pudieron haber sido descartados de la participación en el festejo y, por tanto, de la posibilidad de obtener el premio.
Por ello, se recomendó a la referida Corporación que valorase la necesidad o conveniencia, en base a los principios de seguridad jurídica y buena administración, de dejar sin efecto el acto por el que se había admitido dicha participación, a través del procedimiento legalmente establecido y con las garantías debidas, y con las consecuencias que, en su caso, se pudieran derivar en cuanto al premio otorgado.
Ello sin perjuicio de reclamarle al mismo tiempo que en próximas celebraciones del festejo taurino se desarrollaran las actuaciones oportunas para garantizar el cumplimiento de la prohibición de participación de aquellas personas con una edad inferior a la mínima exigida en las normas que anualmente regularan el espectáculo.
