Resoluciones

Control sanitario abastecimiento de agua potable
Resolución de 14/05/2018 - Administración: Consejería de Sanidad
Materia: Servicios Municipales

   Las cuestiones que tienen que ver con la protección de la salud y la seguridad de la población y sus garantías, siempre han resultado del máximo interés para esta Institución, al igual que las que se relacionan con la prestación de los servicios básicos y esenciales, destacando entre los mismos, especialmente en los últimos años, el servicio de abastecimiento de agua potable, al resultar un servicio imprescindible para el desarrollo de la vida humana y por ello imprescindible para llevar a efecto cualquier actividad social o económica. 

   No olvidamos tampoco que el abastecimiento de agua potable tiene la consideración de derecho humano básico, ya que está implícito en el derecho a la vida, lo que focaliza más aun nuestro interés y atendiendo a estos criterios se vienen tramitando todos los años un número significativo de actuaciones de oficio (que abarcan todo nuestro ámbito territorial) en un intento de conocer la situación que presentan determinados abastecimientos de agua potable en los que se denuncian presencia de contaminantes o turbidez, escasez o defectuosas cloraciones, y todo ello  con la finalidad de contrastar las medidas que adoptan por parte de las entidades locales al respecto.

   Como consecuencia de esta labor diaria tuvimos conocimiento de que algunas localidades de nuestro ámbito territorial, que contaban con menos de 50 habitantes y lo solicitaban expresamente, estaban requiriendo la exclusión de la vigilancia sanitaria del agua que suministraban a través de sus redes públicas, quedando así estos abastecimientos al margen de la garantía sanitaria que se venia ofreciendo por parte de la Consejería de Sanidad en todas las zonas de abastecimiento de nuestra Comunidad independientemente del numero de habitantes empadronados en el municipio o ente local respectivo. 

   Esta situación dio lugar a la tramitación de una actuación de oficio, a la que unimos con posterioridad una reclamación a instancia de parte presentada por un vecino de una entidad local menor perteneciente a un municipio de la provincia de León que denunciaba que con esa medida se vulneraba su derecho a la igualdad y a la salud.

   Tras requerir la oportuna información se puso de manifiesto por la Consejería que en efecto había Ayuntamientos que habían solicitado la autoexclusión de la vigilancia sanitaria de determinados abastecimientos, y que la única labor que realiza la Junta es la de tomar nota de dicha exclusión, lógicamente dejaba de supervisar las actuaciones municipales en esta materia, comprobando que se informaba de esta circunstancia a la población abastecida mediante bando, información que debía reiterarse cada cuatro años.

   La Consejería  consideraba, y así nos lo transmitió que la salud colectiva en los ámbitos territoriales en los que existan varios abastecimientos no sometidos a vigilancia está garantizada por la información que se proporciona a los ciudadanos afectados, no obstante ponía de manifiesto que en algunos de estos municipios se seguía procediendo por los Ayuntamientos a la desinfección del agua de consumo y a la realización de los controles correspondientes.

   En total, por los datos que hemos manejado en esta actuación de oficio y en otras 68 que hemos abierto para recabar información complementaria en relación con esta cuestión, las localidades auto excluidas de la vigilancia sanitaria serian aproximadamente unas 167, afectando estas medidas a más de 4 mil personas empadronadas (datos del INE 2017) a las que debemos añadir la población que reside de manera temporal o vacacional en estas localidades.

   A juicio de esta Defensoría la situación de municipios con ningún suministro público vigilado o con  unos vigilados y otros no podría vulnerar, entre otros, el derecho de los vecinos a acceder a la prestación del servicio público, puesto que no puede considerarse como tal la recepción de un suministro sin desinfectar, sin controlar y respecto del cual no se efectúa por la autoridad competente la oportuna vigilancia sanitaria. También los derechos a la igualdad y no discriminación (derechos estos que deben vertebrar todas las políticas publicas que tienen relación con derechos humanos), pues en este caso seria un factor poblacional, la residencia en una localidad de menor tamaño, la que condicionaría de manera definitiva si el agua que recibes en tu domicilio es salubre o no.

   La desigualdad referida no solo se limita a vecinos de un mismo municipio o de estos con los municipios colindantes, sino que la situación descrita pone de manifiesto también una cierta desigualdad en el territorio, ya que existen provincias (en concreto Ávila, Segovia y Valladolid)  en las que ningún municipio ha solicitado la autoexclusión, que sin embargo afecta intensamente a las provincias de León, Soria y Zamora, sin que hayamos podido establecer que concretas razones han conducido a esta situación, puesto que la realidad geográfica y demográfica en todos ellas, aun con sus características especiales, resulta bastante similar (numero importante de municipios pequeños, con baja población).

   Creemos que la solicitud de autoexclusión nunca debería propiciar la perdida de garantía sanitaria en un suministro público, de recepción obligatoria, implantado con fondos públicos y por el que habitualmente se abonan las correspondientes tasas, ya que por el solo hecho de que nos lo proporciona una administración publica existe un plus de confianza en su calidad, en su adecuación a criterios técnicos (en el tratamiento y desinfección) y sanitarios (que no existen contaminantes que puedan afectar a la salubridad del agua), que en estas localidades a partir de este momento ya no se ofrecería.

   No podemos olvidar que en muchos de estos núcleos, la población residente es mayor y/o vulnerable y no cuentan con posibilidades de acudir a suministros alternativos. Es más, se da la paradoja de con la regulación actual y en el caso de que la localidad tenga que suministrarse mediante cisternas y depósitos móviles (por un episodio de sequía por ejemplo) el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar la salubridad y la desinfección del agua así proporcionada, garantía que perderían los vecinos en el momento en el que el agua se volviera a recibir a través de la red de distribución pública.

   En la resolución que al efecto hemos dirigido a la Consejería competente, le instamos a modificar o dejar sin efecto la previsión normativa (Orden SAN 132/2015) en el apartado que alude a la posibilidad de autoexclusión de los abastecimientos menores, en garantía de la completa prestación en todo nuestro ámbito territorial de este servicio publico esencial con la consideración de derecho humano básico, impidiendo que se materialicen situaciones de desigualdad en cuanto a su prestación.

   Por otra parte, con idénticos argumentos y en relación con la situación del abastecimiento en la localidad de la provincia de León en la que se planteó una reclamación individual en relación con esta misma problemática, formulamos una resolución al Ayuntamiento compelido recomendándole que dejara sin efecto la auto-exclusión o  solicitara nuevamente la inclusión de este abastecimiento en la red de vigilancia, ya que en este caso se daba la circunstancia de que el Ayuntamiento competente seguía realizando la desinfección y los análisis ordinarios en el suministro, por lo que a nuestro juicio carecía de sentido que, vista su responsabilidad, no gozara del oportuno respaldo a su labor por parte de la autoridad sanitaria.

   En ambos casos requerimos a las administraciones (Consejería y Ayuntamiento) a incrementar la información a la generalidad de los ciudadanos sobre la situación de estos abastecimientos, información que a nuestro juicio no se debía limitar a la publicación de un bando y a su reproducción cada cuatro años, sino que debía aparecer en todo momento y por los canales adecuados (incluido el SINAC) de manera clara, permanente, visible y a disposición de cualquier persona que resida, transite o se encuentre eventualmente en la localidad, pues esta es la única manera de garantizar la salud de la población. 

   Somos conscientes que un aviso de esta naturaleza, colocado de forma visible  y permanente en cualquier localidad influirá muy negativamente en la misma, ya que desincentivará cualquier intento de empadronamiento y llegada de nuevos residentes, o de negocios, frenará las rehabilitaciones de edificios o las nuevas construcciones (pues nadie invierte en un inmueble en una localidad que no cuenta con un suministro fiable de agua potable), pero es imprescindible para advertir a la población en general y que no se cree una sensación de “falsa seguridad” respaldada por la administración.

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